La propuesta del gobernador Ron DeSantis para aumentar la exención de vivienda familiar (homestead exemption) de $50,000 a $250,000 para 2028 ha generado un intenso debate. La medida, que requiere el 60% de los votos en noviembre, incluye una cláusula que exige a los nuevos residentes esperar cinco años para beneficiarse. Sin embargo, este requisito podría ser inconstitucional, según precedentes de la Corte Suprema de Florida y de Estados Unidos.
Hace más de 40 años, la Corte Suprema de Florida declaró inconstitucional un requisito de residencia de cinco años casi idéntico. En esa ocasión, los jueces señalaron que no existe una «base racional» para imponer impuestos diferentes según el tiempo de residencia permanente. La decisión citó fallos de la Corte Suprema de EE.UU. que prohíben a los estados discriminar a sus residentes.
«Está constitucionalmente prohibido que este estado imponga impuestos diferentes a sus ciudadanos basándose únicamente en su tiempo de residencia permanente», escribieron los jueces en 1980.
El tribunal también rechazó la idea de frenar la inmigración de nuevos residentes, calificándola de «constitucionalmente no permisible».
Según el lenguaje aprobado por los legisladores, solo los residentes actuales o quienes se muden a Florida antes de que termine 2026 podrían acceder de inmediato al beneficio. El resto debería esperar cinco años, aunque los gobiernos locales podrían acortar el plazo si existe una «necesidad local crítica».
DeSantis defendió la cláusula como un incentivo para que los votantes apoyen la medida, alegando que muchos floridanos están «cansados del reciente auge demográfico». Pero los expertos legales dudan de su validez.
Robert McNamara, subdirector de litigios del Institute for Justice, señaló: «A primera vista, esto parece bastante inconstitucional. Generalmente, alguien que ha sido floridano durante cinco meses es tan floridano como alguien que ha estado allí cinco años».
Incluso el exsenador republicano Jeff Brandes criticó la medida en redes sociales, afirmando que «el derecho constitucional a viajar significa que los estados no pueden crear ciudadanos de primera y segunda clase según cuándo cruzaron la línea estatal». DeSantis respondió comparándolo con las matrículas universitarias diferenciadas para no residentes, pero la Corte Suprema de Florida ya descartó ese argumento en 1980.
La oficina del gobernador no respondió a las solicitudes de comentarios sobre por qué considera constitucional la medida. Mientras tanto, dos exfuncionarios electos presentaron una demanda la semana pasada, argumentando que el resumen de la boleta es engañoso.
El futuro de la propuesta es incierto. Si los tribunales la declaran inconstitucional, el alivio fiscal prometido podría quedar en el aire. Por ahora, los floridanos deberán esperar a noviembre para decidir si apoyan una medida que ya genera controversia.
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