El gran jurado que investigó el papel de altos funcionarios de la administración Ron DeSantis en la “malversación” de millones de dólares de los contribuyentes se enfrentó a testigos influyentes con licencias de abogado, testimonios contradictorios y problemas de memoria. Esa amnesia colectiva hizo imposible presentar cargos penales, según el informe.
El informe señala que el gran jurado pudo “ver claramente que el dinero de los contribuyentes fue utilizado para fines políticos” cuando $10 millones fueron desviados de un acuerdo de Medicaid a organizaciones políticas en el otoño de 2024, con una organización benéfica estatal como intermediaria.
“Ningún testigo quiso asumir la responsabilidad por tomar la decisión”, sostiene el documento, y nadie recordaba quién la tomó.
La investigación se centró en el acuerdo de $67 millones entre la administración DeSantis y el contratista de Medicaid Centene. Ese acuerdo fue modificado en las semanas previas a las elecciones de 2024 para incluir a la Hope Florida Foundation, creada para apoyar una iniciativa liderada por la primera dama Casey DeSantis.
La fundación redirigió rápidamente su parte de $10 millones a dos organizaciones: Save our Society from Drugs y Secure Florida’s Future. Estos grupos entregaron la mayor parte de los fondos a un comité político dirigido por el ahora fiscal general James Uthmeier, quien en ese momento era jefe de gabinete del gobernador. Ese comité buscaba derrotar una enmienda electoral de 2024 que habría legalizado la marihuana en Florida.
El informe —presentado bajo sello y retenido del público mientras las personas mencionadas solicitaban tachaduras— revela que varios altos funcionarios de la administración dijeron no recordar detalles de conversaciones clave sobre las sumas de dinero involucradas.
“Ningún testigo quiso asumir la responsabilidad por tomar la decisión”, dice el informe. “Nadie tenía memoria de quién la tomó”.
El informe incluye un dato concreto sobre quién pudo haber puesto en marcha el plan: Strickland dijo al gran jurado que la idea de incluir a la Hope Florida Foundation en el acuerdo provino de Weida, actual jefe de gabinete del gobernador. Weida no respondió a las solicitudes de comentarios.
El gran jurado dijo que los recuerdos borrosos de los testigos impidieron presentar cargos penales, un problema amplificado porque “prácticamente todos los involucrados son abogados y actuaron siguiendo el consejo de otros abogados”. “Reconocemos que esto sería un impedimento para el enjuiciamiento penal”, añade el informe.
El demócrata José Javier Rodríguez, candidato a desbancar a Uthmeier en noviembre, dijo en un comunicado el miércoles que los testimonios revelan una cultura de secretismo y corrupción en Tallahassee.
“Todos los involucrados de repente tienen recuerdos contradictorios y nadie asume la responsabilidad. Eso no es una coincidencia. Es un muro de silencio construido para proteger la corrupción conspirativa en Tallahassee”.
Los republicanos mencionados en el informe destacaron la falta de cargos penales como evidencia de que no hubo irregularidades. La entonces fiscal general Ashley Moody —cuyo subjefe firmó el acuerdo “sin realizar la debida diligencia”— dijo que no sabía cómo se usaría el dinero. Moody es ahora senadora de Estados Unidos y hace campaña para conservar el escaño al que DeSantis la designó el año pasado.
Su portavoz, Will O’Grady, afirmó: “Los informes confirman lo que hemos dicho todo el tiempo. Ni el Departamento de Asuntos Legales ni la ex fiscal general tenían conocimiento de cómo se gastaría el dinero del acuerdo”.
Uthmeier no respondió a las solicitudes de comentarios. Dijo a reporteros en The Villages el jueves que si el informe es “verdadero… muestra que no se encontró causa probable de que alguien hiciera algo malo”.
A pesar de la conclusión de que los fondos fueron “malversados”, la oficina de DeSantis resaltó que el gran jurado no presentó cargos. El portavoz Alex Lanfranconi declaró: “Esta calumnia sin fundamento ha sido desmentida una y otra vez. De hecho, si algún informe confidencial del gran jurado se filtró a la prensa, ese es el único delito cometido aquí”.
DeSantis, quien desde entonces ha designado a muchas de las personas involucradas en la decisión para puestos superiores, defendió el flujo de fondos del acuerdo durante un evento en la Universidad Internacional de Florida el miércoles, antes de que el informe se hiciera público. Al igual que muchos de los testigos, dijo tener poco conocimiento de las discusiones clave.
“No participé en el acuerdo de conciliación”, afirmó DeSantis, “pero estoy muy contento con cómo se hizo todo”.
El caso sigue generando debate en Florida y deja abiertas preguntas sobre el uso de los fondos públicos. Mantente informado con este análisis del informe del gran jurado.
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