La administración del gobernador Ron DeSantis dirigió $10 millones de un acuerdo legal de Medicaid a una fundación benéfica liderada por la primera dama, Casey DeSantis, que luego canalizó esos fondos a organizaciones que financiaron una campaña política contra la legalización de la marihuana recreativa.
El dinero provenía de un acuerdo de conciliación con Centene, el mayor contratista de Medicaid del estado, firmado el 27 de septiembre. De los $67 millones del acuerdo, $10 millones fueron asignados a la Hope Florida Foundation, la entidad creada para apoyar financieramente el programa Hope Florida de la primera dama, que busca ayudar a los residentes a salir de la asistencia gubernamental.
En octubre, la fundación dividió $10 millones en dos pagos de $5 millones cada uno para las organizaciones Secure Florida’s Future (vinculada a la Cámara de Comercio de Florida) y Save Our Society from Drugs. Ambas presentaron propuestas de subvención los días 13 y 18 de octubre, respectivamente.
Registros de financiamiento de campaña muestran que esos mismos comités enviaron $8.5 millones en octubre a Keep Florida Clean, un comité político controlado por el entonces jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier. Este comité fue creado para derrotar la Enmienda 3, la iniciativa electoral que buscaba legalizar la marihuana recreativa y que finalmente fracasó.
Entre octubre y diciembre, Keep Florida Clean desvió $10.5 millones al Partido Republicano de Florida – que hizo campaña contra la Enmienda 3 – y otros $1.1 millones al Florida Freedom Fund, un comité controlado por el gobernador DeSantis y presidido por Uthmeier.
Este flujo de dinero ha generado un intenso debate en el Capitolio de Florida. Republicanos de la Cámara de Representantes, como el representante Alex Andrade, han afirmado que el uso de los $10 millones «parece un fraude criminal por parte de algunos de los involucrados» y cuestionan qué sabían el gobernador DeSantis y James Uthmeier.
El portavoz Daniel Perez dijo que la investigación continúa y que la fundación no ha entregado los documentos sobre su estructura y supervisión requeridos por la ley estatal: «Creo que la gente está interesada en saber a dónde fue el dinero, cómo llegó allí, por qué llegó allí y cómo se usó».
Jeff Aaron, abogado de la Hope Florida Foundation, defendió la legalidad de las acciones: «Sigo seguro de que nada fue ilegal y no es una organización política», dijo refiriéndose a Secure Florida’s Future.
Un portavoz del Florida Freedom Fund de DeSantis calificó como «absolutamente falso» que cualquier parte de los $10 millones terminara en el comité político del gobernador o en la lucha contra la Enmienda 3. Centene declaró que no tuvo participación en las decisiones de la fundación sobre el uso de los fondos.
Expertos legales señalan que si una fundación benéfica como Hope Florida dedica una «parte sustancial» de su actividad a contribuciones políticas, podría perder su estatus de exención de impuestos. Se hace referencia al caso de Donald Trump, quien en el pasado fue penalizado por donaciones similares desde su fundación.
Mientras las investigaciones legislativas avanzan, el gobernador DeSantis defendió el acuerdo con Centene como «100% apropiado» y parte de un «buen trato» para el estado, dejando abiertas las preguntas sobre la trazabilidad final de estos fondos públicos.
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