Este jueves, el juez federal Kyle C. Dudek negó una petición para detener las operaciones en el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida. Esta decisión representa un revés para los grupos de derechos civiles que buscan clausurar la instalación estatal.
En una resolución de seis páginas, el juez Dudek, nombrado por el expresidente Donald Trump, determinó que el demandante M. A. (representado por la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles – ACLU) no logró demostrar que él u otros detenidos enfrentaran un «daño irreparable» específico por su confinamiento en Alligator Alcatraz.
«El demandante debe demostrar que su confinamiento en Alligator Alcatraz, y no la detención en sí misma, constituye un daño irreparable», escribió el juez Dudek.
La demanda, presentada en agosto, cuestionaba la autoridad legal del estado para operar el centro, argumentando que la aplicación de leyes de inmigración es responsabilidad federal. También alegaba falta de acceso adecuado a abogados, imposibilidad de rastreo en el localizador en línea de ICE y condiciones de vida inseguras e insalubres.
La administración del gobernador Ron DeSantis defendió la legalidad del centro, señalando que el Departamento de Seguridad Nacional lo autorizó a través de acuerdos 287(g), que permiten a gobiernos estatales y locales colaborar en la detención de inmigrantes. Además, afirmó que ICE inspeccionó la instalación y la encontró conforme a sus estándares.
El juez Dudek consideró que la evidencia presentada era «demasiado antigua y en gran parte obsoleta«. Señaló que las peticiones presentadas por abogados en nombre de clientes demostraban acceso a representación legal, y que los detenidos ahora aparecen en el localizador en línea de ICE.
«El demandante esencialmente pide a este Tribunal que cierre una instalación de detención grande y costosa, todo antes de cualquier decisión sobre los méritos de su legalidad», escribió el juez.
Esta demanda es solo uno de varios desafíos legales contra Alligator Alcatraz. En agosto, un juez federal en un caso ambiental ordenó el cierre del centro por daños ambientales, pero un tribunal de apelaciones revocó la orden. En diciembre, el tribunal de apelaciones reabrió el caso ambiental tras una pausa por el cierre del gobierno federal.
Otro litigio argumenta que los derechos de la Primera Enmienda de los detenidos siguen siendo violados y que no hay acceso confidencial a sus abogados.
Inicialmente, los abogados no podían acceder a sus clientes y eran rechazados en la puerta. Desde entonces, la instalación ha implementado conferencias de video y, en ocasiones, reuniones presenciales. En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los detenidos en el sitio aparecían en el localizador de ICE.
La lucha legal por el futuro de Alligator Alcatraz continúa, mientras defensores de derechos de inmigrantes y el estado de Florida mantienen posturas enfrentadas sobre la legalidad y condiciones del centro.
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