En una sorpresiva conferencia de prensa en Lakeland este jueves, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su respaldo al cierre de la instalación de detención de inmigrantes en los Everglades, conocida como Alligator Alcatraz. Este giro ocurre apenas 10 meses después de su apertura y tras el gasto de cientos de millones de dólares en su construcción y operación.
DeSantis declaró que “sería excelente que desmanteláramos esa instalación”, luego de que The New York Times reportara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y funcionarios estatales consideraban cerrar Alligator Alcatraz. El gobernador indicó que las conversaciones con el gobierno federal comenzaron después de la confirmación de Markwayne Mullin como nuevo secretario del DHS a finales de marzo.
El lunes pasado, DeSantis se reunió con Tom Homan, el “zar de fronteras” de la Casa Blanca. Durante el encuentro se abordó el tema de los $608 millones que, según DeSantis, el gobierno federal prometió reembolsar al estado por los costos de la instalación, pero que nunca llegaron. “Lo estamos recibiendo y lo verán muy pronto”, prometió el gobernador. Sin embargo, el gobierno federal ha sostenido en tribunales que solo cubrirá los costos por detenido, no la construcción.
El posible cierre de Alligator Alcatraz es parte de un esfuerzo mayor del DHS por modificar su enfoque en la aplicación de la ley migratoria. DeSantis mencionó un incidente en Minnesota, donde una redada masiva derivó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra el ICE. “La misión continúa, pero cómo se realiza esa misión importa”, señaló el gobernador, sugiriendo que la agencia evalúa manejar las operaciones de manera diferente.
DeSantis recalcó que la instalación siempre fue concebida como una medida temporal. “Nuestro objetivo era que esta instalación fuera un puente para que el DHS pudiera hacer esto. Vamos a seguir cooperando, pero ellos deberían ser los que detengan, procesen y repatríen”, explicó.
La noticia del posible cierre fue celebrada por líderes locales y defensores de los derechos de los inmigrantes. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó la medida como “largamente esperada”. En redes sociales, afirmó: “Durante meses, miles han sido detenidos allí en condiciones inhumanas sin el debido proceso, mientras se despilfarraban millones de dólares de los contribuyentes”.
La congresista demócrata por Broward, Debbie Wasserman Schultz, que visitó la instalación el mes pasado, se unió a las críticas: “Esta crueldad derrochadora debe terminar de inmediato”.
Por su parte, Katie Blankenship, abogada fundadora de Sanctuary of the South, una organización de servicios legales, expresó escepticismo: “Lo creeremos cuando lo veamos”. Blankenship presentó una declaración judicial el mes pasado denunciando que uno de sus clientes fue golpeado en el centro y quedó con un ojo morado. “No hay duda de que debería cerrarse de inmediato”, concluyó.
El DHS indicó a medios locales que no está “presionando” al estado para cerrar la instalación, pero no negó las conversaciones. Mientras tanto, la administración DeSantis ha gastado más de medio millón de dólares en batallas legales para mantener abierto el centro, incluyendo la reciente revocación de una orden de un juez de Miami que ordenaba su clausura. El giro ahora plantea dudas sobre el destino de los fondos invertidos y el futuro de la política migratoria en Florida.
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