Abogados de inmigración han presentado una demanda federal contra el centro de detención Alligator Alcatraz, alegando violaciones constitucionales al derecho de acceso legal. Esta acción judicial, presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, nombra como demandados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE, el gobernador Ron DeSantis y otros funcionarios.
Los detenidos describen condiciones insalubres e inhóspitas mientras denuncian la ausencia total de protocolos para comunicarse con sus abogados desde la apertura del centro. Esta es la tercera demanda contra la instalación, tras reclamos previos por temas ambientales y acceso político.
Según la demanda, las autoridades han bloqueado sistemáticamente:
Los abogados comparan el centro con un «agujero negro» donde los inmigrantes desaparecen de los sistemas y pierden todo contacto. La única comunicación disponible son llamadas telefónicas a cobrar de 5 minutos, monitoreadas y grabadas.
Cuatro migrantes encabezan la demanda colectiva:
La demanda busca:
«En ausencia de información pública o protocolos, los abogados han hecho esfuerzos significativos para contactar a sus clientes sin éxito», establece textualmente la demanda.
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