El congresista estadounidense Byron Donalds redobla su respaldo a las políticas migratorias de línea dura del gobernador Ron DeSantis mientras campaña para sucederlo, y advierte que los funcionarios locales que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración deben ser removidos de sus cargos.
Durante la ceremonia de inauguración de la nueva sede del Partido Republicano de Miami-Dade en Doral, Donalds afirmó:
“Si usted es un funcionario local y no va a cooperar con las autoridades federales, entonces sí, necesita ser removido de su cargo”.
Su postura refuerza el enfoque migratorio de DeSantis, que ha facultado a las agencias policiales de Florida para realizar arrestos migratorios y que llevó a la creación del ahora cerrado centro de detención Alligator Alcatraz.
Bajo la administración DeSantis, Florida registra el mayor número de arrestos bajo los acuerdos 287(g), un programa que permite a las agencias policiales y gobiernos locales realizar actividades de control migratorio que normalmente manejan las autoridades federales.
Cuando algunos funcionarios locales han intentado oponerse a firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el fiscal general designado por DeSantis, James Uthmeier, ha advertido que el gobernador podría removerlos de sus cargos.
Donalds, quien ha apoyado la ofensiva del presidente Donald Trump contra las comunidades inmigrantes, aseguró que como gobernador su administración “cooperará a través de 287(g) y cumplirá la ley”.
“No habrá jurisdicciones santuario en Florida”, sentenció.
La administración DeSantis declaró la inmigración ilegal como una emergencia en Florida en 2023 y destinó más de $1,000 millones para construir y operar Alligator Alcatraz, un centro de detención migratoria en los Everglades. El centro cerró en junio, después de que DeSantis afirmara que cumplió su objetivo de brindar espacio temporal para los inmigrantes detenidos por las autoridades federales.
Las declaraciones de Donalds se producen en medio de los debates en la ciudad de Miami, donde defensores de inmigrantes han presionado a la alcaldesa demócrata Eileen Higgins y a la Comisión de Miami para que pongan fin al acuerdo que permite a la policía local trabajar con el ICE.
En Doral, donde se encuentra la comunidad venezolana más grande del país y se ha registrado un aumento de redadas migratorias, el único concejal venezolano-estadounidense, Rafael Pineyro, ha rechazado la ofensiva. Pineyro, republicano, calificó de “trágico” que las autoridades migratorias se enfoquen no solo en criminales, sino también en familias con casos migratorios pendientes.
El candidato demócrata a gobernador, David Jolly, considera que los acuerdos 287(g) deberían suspenderse y que la exigencia de DeSantis de que las agencias locales firmen es un problema. Jolly dijo que la policía local sabe cómo mantener seguras a sus comunidades y no debería verse obligada a aceptar acuerdos que desvían recursos de áreas como los delitos sexuales contra menores.
“Hasta que veamos las reformas, muéstranos tu placa, muéstranos tu cara, muéstranos la orden judicial. Creo que [los acuerdos] deberían suspenderse. Una vez que esas reformas estén en marcha, confío en la policía local”, expresó durante su fiesta de la noche de las primarias en Miami Lakes.
La inmigración es una preocupación central en el sur de Florida, donde cientos de miles de haitianos y venezolanos han perdido su Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario que les permitía trabajar y evitar la deportación.
Donalds dijo a los periodistas el sábado que el programa humanitario fue diseñado para ser temporal y culpó a los demócratas por sus consecuencias, afirmando que “convirtieron un programa temporal en permanente”. Sin embargo, un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para extender el TPS para los haitianos, aprobado en abril, contó con el apoyo de 10 republicanos, entre ellos los congresistas de Miami Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar.
Consultado sobre qué mensaje tenía para los votantes venezolanos que sienten que sus vidas fueron trastocadas por las redadas, Donalds respondió: “Si eres venezolano y estás aquí con TPS, el Estatus de Protección Temporal, siempre ha sido un programa temporal. Eso es lo primero”.
“En segundo lugar, el presidente de los Estados Unidos y el Secretario de Estado Marco Rubio hicieron lo correcto al deshacerse del régimen de Maduro, que era, francamente, un régimen narcoterrorista que estaba destruyendo el modo de vida y la seguridad en Venezuela”.
Algunos colegas republicanos de Donalds en el Congreso creen que el enfoque estricto de la administración Trump contra la inmigración podría tener efectos negativos para el partido en las elecciones de noviembre.
María Elvira Salazar, quien busca la reelección, se ha convertido en una crítica de la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha visto deportaciones de cubanos a México y a países de África. Salazar sigue siendo partidaria de Trump, pero ha advertido que su enfoque migratorio podría costarle a los republicanos las elecciones de mitad de mandato.
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