La administración del gobernador Ron DeSantis ha comenzado a cerrar las operaciones del centro de detención temporal para inmigrantes apodado “Alligator Alcatraz”, con la intención de clausurarlo definitivamente a más tardar en junio, según informes confirmados por dos fuentes cercanas al asunto.
El martes, la administración estatal notificó a los contratistas privados que trabajan en la instalación que el centro sería cerrado. Las fuentes indicaron que las discusiones sobre el cierre se intensificaron en las últimas semanas ante la llegada de la temporada de huracanes.
“Con la temporada de huracanes, probablemente sea una buena idea avanzar. No fue una decisión inmediata, ni algo que se haya gestado en seis meses”, declaró una fuente cercana a la operación.
Se espera que los detenidos sean trasladados fuera del complejo en las próximas semanas, y posteriormente la estructura será desmantelada. Según los datos más recientes de ICE (abril), el centro albergaba a cerca de 1.400 detenidos, y desde su apertura en julio pasado han pasado por allí más de 22.000 personas.
El centro, que operaba bajo la División de Manejo de Emergencias de Florida, ha tenido un costo de $1 millón de dólares diarios durante los últimos 10 meses. DeSantis ha asegurado que el gobierno federal prometió reembolsar $608 millones, pero hasta la fecha no se ha recibido ningún pago.
“Han aprobado $608 millones por lo que hemos dicho”, declaró el gobernador el martes en Loxahatchee. No obstante, en documentos judiciales, funcionarios federales han expresado dudas sobre pagar esa cantidad total, señalando que solo cubrirían los costos por detenido, no los elevados gastos de construcción.
El centro, construido apresuradamente en julio pasado para apoyar la campaña de deportaciones masivas del expresidente Donald Trump, ha sido duramente criticado por defensores de inmigrantes, legisladores demócratas y familias de los detenidos, quienes denuncian condiciones inhumanas: raciones pequeñas de comida de mala calidad, golpizas nocturnas, uso de gas pimienta y acceso limitado a teléfonos. Las autoridades estatales han negado en gran medida estas acusaciones.
Grupos ambientalistas, que demandaron al estado y al gobierno federal por no cumplir con las leyes ambientales al construir la instalación en los Everglades, celebraron la noticia. Elise Bennett, directora del Centro para la Diversidad Biológica en Florida y el Caribe, calificó el centro como “una mancha en nuestra nación y una lacra en los Everglades”.
Stephanie Hartman, portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, no confirmó ni negó el cierre, pero reiteró que “la instalación de detención del sur de Florida siempre estuvo destinada a ser una instalación temporal para apoyar las operaciones de cumplimiento de la ley de inmigración”.
Elise Bennett advirtió que su organización no dejará que el estado y la administración Trump se libren de responsabilidad por el daño causado a Big Cypress y las especies en peligro crítico. “Ahora es el momento de presionar por la restauración completa y la protección de este sitio para que una tragedia como esta nunca vuelva a ocurrir”, concluyó.
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