Durante meses, grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee han demandado al estado y al gobierno federal por la apertura de Alligator Alcatraz, argumentando que ignoraron la necesidad de realizar un estudio ambiental antes de abrir este centro de detención de inmigrantes en medio de los Everglades.
Resulta que el estado sí realizó su propia evaluación hace meses, la cual concluyó que, «con posibles excepciones de la calidad del aire, no se anticipaban impactos adversos significativos» por las operaciones de la instalación de carpas.
El informe de evaluación ambiental de octubre, parte de casi 3,000 páginas de documentos liberados por la División de Manejo de Emergencias de Florida tras una demanda de registros públicos, fue encargado para cumplir con la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA).
Realizado por una firma consultora ambiental de Texas y marcado como «borrador final», el informe encontró «ningún impacto» en los humedales de los Everglades e impactos «de menores a moderados» en su vida silvestre en peligro de extinción.
«Esta evaluación planteó más preguntas que respuestas», dijo Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.
Los demandantes, Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, cuestionan el valor del estudio, señalando que no cumple con los estándares para una revisión profunda y pasa por alto preocupaciones ambientales sin citar expertos calificados o datos.
Elise Bennett, directora en Florida del Center for Biological Diversity, afirmó que el informe llega a esas conclusiones «sin citar datos, análisis o explicar cómo se tomaron las decisiones». Añadió que el informe «admite problemas, luego los desestima».
El informe identifica un posible problema significativo: la calidad del aire por el funcionamiento de 200 generadores diésel.
La contaminación de estos generadores probablemente excede los límites legales, lo que requeriría un permiso especial y pruebas de calidad del aire. Sin mitigación, la liberación de «gases de efecto invernadero» como el dióxido de carbono podría tener un «impacto acumulativo en el medio ambiente».
El informe identificó doce animales y plantas amenazados y en peligro de extinción en los mismos humedales donde se asienta Alligator Alcatraz, pero concluyó que las operaciones no tenían impacto en ellos.
La administración de DeSantis ha desestimado los daños alegados como «especulativos» en sus presentaciones judiciales.
En un escrito de febrero ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, el estado argumentó que estas preocupaciones «palidecen en comparación con la muy real crisis de seguridad pública y nacional creada por años de descontrol en la frontera».
La Tribu Miccosukee declinó comentar debido a «asuntos legales pendientes». Mientras, los ambientalistas insisten en que la evaluación es «muy poca, muy tarde» y exigen acciones concretas para proteger los Everglades.
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