A los 7 años, JeanCarlos Fiallos Manzanares cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, escondido en la cajuela de un taxi con su hermana mayor. Durante más de una década vivió en las sombras. La salvación llegó en sus veintes, cuando el presidente Barack Obama ofreció protección a jóvenes inmigrantes como él. Pero ahora, bajo la segunda administración Trump, su vida ha dado un vuelco.
El año pasado, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron cerca de la casa de su madre en Miami. Desde entonces, permanece recluido en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, a 1,944 millas de su esposa, ciudadana estadounidense, y sus dos hijos pequeños. El gobierno quiere deportarlo a su Honduras natal. Fiallos Manzanares, de 31 años, había renovado su DACA sin problemas desde 2012, pero las reglas han cambiado.
“He estado aquí 25 años y nunca me pasó algo así”, dijo durante una videollamada desde el centro de detención. “Siempre estuve protegido por DACA desde que lo obtuve en 2012”. A pesar de que sus cargos penales anteriores fueron retirados o desestimados, ICE lo retuvo y un juez de inmigración ordenó su deportación. La agencia de Ciudadanía e Inmigración incluso rescindió la aprobación de su renovación, alegando un error.
La administración Trump ha erosionado las protecciones del programa DACA, creado en 2012. Según datos federales, el número de protegidos cayó de 533,000 al final del gobierno de Biden a 495,000 un año después. Janet Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional bajo Obama y creadora del programa, calificó la estrategia como “muerte por mil cortes”.
Entre las medidas se incluyen la restricción de beneficios de salud, la prohibición de usar licencias de conducir comerciales y la ralentización de las renovaciones: de 15 días a seis meses o más. “Eso nos preocupa mucho”, dijo Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream, que registra un aumento de detenciones en paradas de tráfico.
“DACA no confiere ningún estatus legal. Cualquier inmigrante ilegal que sea beneficiario de DACA puede ser arrestado y deportado por varias razones”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
Al menos 85 personas sin condenas penales han sido deportadas, según la misma agencia. Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, señaló que detener a beneficiarios desvirtúa el propósito de la acción diferida: “Tu cabeza puede dar vueltas tratando de entenderlo. Acción diferida significa ‘no te voy a arrestar’. Ahora parece ‘no te voy a arrestar, a menos que lo haga’”.
La esposa de Fiallos Manzanares, Marie Castro Fiallos, declaró ante una corte federal: “Desde el día que detuvieron a mi esposo, nuestras vidas están patas arriba. Nuestros hijos preguntan por él constantemente. Todos los días preguntan cuándo volverá papá a casa”.
Mientras Fiallos Manzanares espera que un juez decida su libertad, el gobierno Trump continúa su ofensiva. Andrew Arthur, del Centro de Estudios de Inmigración, lo defiende como un retorno a la letra de la ley, mientras que la exdirectora del Servicio de Inmigración, Doris Meissner, recuerda que la acción diferida ha existido desde Nixon como una herramienta humanitaria.
Con un presupuesto de $240 mil millones para la aplicación de la ley de inmigración hasta 2029, la administración tiene recursos sin precedentes. “Es autodestructivo para la economía, la comunidad y las familias”, afirmó Kagan. “Tomemos a personas que lo están haciendo bien y destruyamos sus vidas. No parece una política productiva”.
La administración Trump ha optado por no eliminar el programa de golpe, sino por desmantelarlo pieza por pieza. “Pueden matar a DACA sin decir que lo están matando”, resumió Napolitano. Mientras tanto, miles de ‘dreamers’ viven en la incertidumbre, con el temor constante de ser detenidos y separados de sus seres queridos.
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