La familia del niño que asegura haber sido abusado por el expfuncionario Mike Caruso, exsecretario de tribunales del condado de Palm Beach, esperaba proteger su identidad. La familia razonó que vivir con las agresiones ya sería suficientemente difícil; que otros lo supieran lo haría peor. Esa esperanza se desvaneció el martes.
Caruso fue arrestado el martes por la mañana por agentes del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE). Poco después, la oficina del gobernador Ron DeSantis anunció su suspensión del cargo, mientras enviaba por correo electrónico y publicaba en Internet el affidavit de arresto de ocho páginas, con detalles perturbadores de las acusaciones.
En el documento solo se redactó el nombre del menor. Pero su relación con Caruso y su condado de residencia facilitan que cualquier persona pueda deducir quién es. El texto incluye además otra información que identifica al niño y menciona acusaciones separadas de abuso sexual formuladas por otra persona.
En cuestión de horas, medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales difundieron detalles sobre el niño y las acusaciones contra Caruso. La divulgación generó indignación entre sobrevivientes de abuso sexual y defensores, que la calificaron de innecesaria y cruel.
“Este caso aparecerá cada vez que alguien busque información básica sobre el niño. Esto le causará trauma por el resto de su vida, no solo ahora. A medida que crezca, estará vinculado para siempre a estas alegaciones. No había necesidad de que la oficina del gobernador incluyera el documento completo al anunciar el martes la suspensión de Caruso de su cargo”, dijo Spencer Kuvin, abogado de Palm Beach que ha representado a víctimas de Jeffrey Epstein.
La abogada de la víctima, Lisa Haba, calificó inicialmente la revelación como “aborrecible”. El miércoles, aunque reconoció que parte de la información puede divulgarse como parte de los procesos legales, dijo que agradece a quienes la manejan con discreción. “Una víctima, especialmente un niño, merece privacidad”, afirmó.
De acuerdo con el affidavit difundido, Caruso habría expuesto sus genitales ante el niño, tocado los genitales del menor y puesto su pene en la boca del niño en tres incidentes. El menor tenía menos de 5 años al momento de los hechos.
Caruso, a través de su abogado, dijo el miércoles que es inocente. Ese mismo día fue trasladado a la cárcel del condado de Orange.
La ley de Florida establece que “cualquier información que pueda revelar la identidad de una persona que sea víctima de un delito sexual” está exenta de los registros públicos y puede ser redactada. Además, la enmienda constitucional Marsy’s Law de 2018 otorga a las víctimas “el derecho a prevenir la divulgación de información o registros que pudieran utilizarse para localizar o acosar a la víctima o a su familia”.
La Corte Suprema de Florida dictaminó en 2023 que el anonimato no está garantizado, pero en abril los legisladores estatales y DeSantis promulgaron una ley para reforzar esa protección. La norma creó una exención de registros públicos para que las agencias gubernamentales no divulguen información identificatoria de las víctimas. Sin embargo, en este caso el gobernador no pareció aplicar las exenciones recién ampliadas al niño.
La oficina del procurador general de Florida remitió las preguntas sobre las redacciones a la oficina del gobernador. Alex Lanfronconi, vocero de DeSantis, dijo que la oficina consultó con la Fiscalía General y “mantiene que cumplió con la ley aplicable de Florida”.
La exsenadora estatal demócrata Lauren Book, quien se postula nuevamente para un cargo, dijo que lloró el martes por la noche al pensar en lo que esto significa para el joven, inundada de malos recuerdos. Book fue víctima de abuso sexual infantil y su agresora, la niñera de la familia, fue sentenciada a prisión. Por ser hija del influyente lobista y presidente del Miami-Dade Homeless Trust, Ron Book, la historia circuló ampliamente y ella recordó que en la escuela le decían apodos.
“Me sentí profundamente afectada porque lo mismo me pasó a mí”, dijo Book. “Fue una revictimización completa de este niño y de esta familia, de una manera totalmente innecesaria”.
Book calificó la difusión de “repugnante” y “horrorosa”, y sostuvo que tendría un “efecto congelador” en otras víctimas que pudieran estar considerando denunciar. También señaló que los medios tienen la responsabilidad de proteger la identidad del menor y evitar difundir “pornografía del trauma”.
Incluso en una era de sobreexposición en redes sociales, algunos lectores se mostraron indignados. “Mi corazón está roto por este niño”, comentó una mujer en una publicación de Facebook sobre el caso. “Su identidad debería haberse mantenido en secreto”.
El Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ), el código ético más citado del periodismo, pide a los periodistas “mostrar compasión por quienes puedan verse afectados por la cobertura informativa”, especialmente menores y víctimas de delitos sexuales. El código también les recuerda que “el acceso legal a la información difiere de la justificación ética para publicarla”.
“Como todos esperamos aprender cuando somos niños, ‘poder’ no significa ‘deber’”, dijo Dan Axelrod, presidente del Comité de Ética de la SPJ.
Kuvin afirmó que este tipo de comunicados forman parte de un problema mayor en el ámbito legal: los funcionarios del poder ejecutivo tienden a “olvidar a las víctimas”. “Todo lo que les importa es enjuiciar a los criminales y olvidan que hay víctimas involucradas en todo el proceso y que tienen derechos”, dijo. “Esto es un trauma irreversible”.
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