Legisladores estatales de Florida, expresando indignación por el trato «atroz» e «inconcebible» recibido por personas mayores, prometieron reformar el programa de protección de adultos del estado. Esto surge tras una investigación que reveló cómo adultos mayores frágiles fueron trasladados sin su consentimiento a hogares de cuidado de calidad inferior.
Los datos del estado muestran que casi 95% de los ancianos y adultos discapacitados puestos bajo custodia estatal por su propio bienestar nunca comparecen ante un juez ni consultan a un abogado. En algunos casos, las personas fueron depositadas en hogares con largos historiales de violaciones, sin el conocimiento o la aprobación de familiares o apoderados.
«¿Dónde está escrito en los estatutos que el DCF tiene el poder de omitir el proceso judicial y quitarle la libertad a la gente —sacándolos de sus hogares y colocándolos donde ellos consideren mejor sin el debido proceso?», cuestionó la senadora estatal Ileana Garcia de Miami, vicepresidenta del Comité de Niños, Familias y Asuntos de Ancianos del Senado de Florida.
La investigación documentó casos donde familiares tuvieron que embarcarse en lo que describieron como «misiones de búsqueda y rescate» para reunirse con sus seres queridos. En uno, una hija no supo que su padre fue transferido de un hospital a un centro de vida asistida desconocido. En otro, la sobrina de un hombre de 79 años con poder notarial lo buscó en vano en comisarías y salas de emergencia después de que fuera llevado a un centro en Hialeah sin su conocimiento.
«Esto podría ser tú y yo mañana. Esto podría ser nuestros padres mañana. ¿Por qué estarías de acuerdo con eso?», expresó la senadora Ileana Garcia.
Las decisiones sobre dónde vivirán los ancianos bajo custodia estatal en el condado Miami-Dade son tomadas casi exclusivamente por una trabajadora social del Departamento de Niños y Familias (DCF), Tania Hernandez. Colegas la han acusado de anular sus decisiones de colocación y aceptar sobornos de dueños de centros. Investigaciones internas no hallaron irregularidades, y Hernandez niega las acusaciones.
La fiscal estatal del condado Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, calificó los hallazgos como «profundamente perturbadores» y sugirió la posibilidad de «tráfico de pacientes» dentro del sistema. «Vamos a investigarlo», afirmó Rundle, añadiendo que el esfuerzo «obviamente comienza con el DCF».
La indignación cruza líneas partidistas. Legisladores republicanos y demócratas se han comprometido a actuar:
Los posibles cambios legislativos que se discuten incluyen:
«En los próximos meses esto será una prioridad», aseguró el representante Fabian Basabe, destacando el compromiso de trabajar en soluciones concretas durante la próxima sesión legislativa.
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