Un juez federal de Florida ha ordenado a las autoridades estatales y federales presentar evidencia concreta de que el controvertido centro de detención de inmigrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’ ha cerrado de forma permanente. La jueza Sheri Polster Chappell, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Medio Distrito de Florida, negó la solicitud del gobierno para detener el litigio, argumentando que no ha visto pruebas más allá de declaraciones verbales.
El centro, ubicado en la pista del aeropuerto de entrenamiento Dade-Collier en los Everglades, fue inaugurado apresuradamente por la administración DeSantis como una instalación temporal para procesar a inmigrantes. Durante su año de operación, albergó a más de 21.000 inmigrantes. La instalación ganó notoriedad como ‘Alligator Alcatraz’ y ha sido objeto de múltiples demandas por violaciones a los derechos civiles.
En su orden, la jueza Chappell escribió:
“En esta coyuntura, más allá de los alegatos de los abogados, la Corte no ha visto ninguna evidencia de un funcionario estatal o federal con autoridad para declarar que Alligator Alcatraz está cerrado permanentemente”.
El tribunal dio un plazo de cuatro días a los funcionarios para presentar dicha evidencia o un cronograma de cuándo esperan hacerlo, y para explicar por qué el caso debe considerarse resuelto.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda en nombre de los inmigrantes detenidos, sostiene que las simples declaraciones del gobernador Ron DeSantis no son suficientes. En un comunicado, Carmen Iguina Gonzalez, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, declaró:
“Estamos complacidos de que el tribunal exija evidencia clara e inequívoca de que el notorio ‘Alligator Alcatraz’ ha sido cerrado permanentemente. Solicitamos acción judicial porque las vagas garantías de ‘confíen en nosotros’ de los funcionarios de Florida y del ICE no son suficientes. Permaneceremos vigilantes hasta que estemos seguros de que esta horrible instalación ha desaparecido, de una vez por todas”.
El mes pasado, DeSantis anunció en una conferencia de prensa que el centro había cumplido su propósito y cerraría oficialmente. Imágenes aéreas recientes muestran que todas las carpas industriales, generadores diésel y jaulas han sido retirados, y el letrero azul con la inscripción ‘Alligator Alcatraz’ ha sido desmontado. Sin embargo, los abogados de derechos civiles argumentan que aún no hay garantías de que la instalación no pueda reabrirse en el futuro.
El caso es parte de una serie de demandas que cuestionan la operación estatal de un centro de detención de inmigrantes, cuya competencia es federal. Además, grupos ambientalistas han demandado al estado y al gobierno federal por no cumplir con las leyes ambientales al construir la instalación. La administración DeSantis otorgó más de mil millones de dólares en contratos sin licitación a empresas privadas, muchas de las cuales eran donantes republicanos y aliados del gobernador. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) prometió $608 millones en reembolsos, de los cuales el estado ya recibió un primer pago de $58 millones.
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