En un nuevo esfuerzo por cerrar Alligator Alcatraz, grupos de derechos civiles han presentado una demanda argumentando que la administración del gobernador Ron DeSantis está deteniendo ilegalmente a individuos en esta facility y han solicitado a un juez federal en Fort Myers que prohíba al estado mantener detainees en el lugar.
En una solicitud de medida cautelar preliminar presentada esta semana, los abogados piden al juez federal Kyle C. Dudek del Distrito Medio de Florida que emita una orden para detener las detenciones en el controvertido sitio. La demanda, presentada en agosto en nombre de los detainees, alega que el estado carece de autoridad para llevar a cabo detenciones migratorias, responsabilidad que corresponde al gobierno federal.
“Cientos de personas están siendo retenidas sin autoridad legal, sujetas a una serie de problemas que los detainees migratorios no enfrentan típicamente. El Congreso requirió control federal sobre la detención y entrenamiento riguroso precisamente para evitar este tipo de problemas”, afirmaron los abogados en la solicitud.
La administración de DeSantis ha afirmado consistentemente que sus acuerdos con el gobierno federal sobre inmigración, conocidos como 287(g), le otorgan la autoridad legal para mantener a migrantes en el sitio temporal de detención en los humedales de Everglades. Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional destacó que Florida lidera en asociaciones 287(g) con 327 acuerdos en vigor, un aumento del 577% desde enero.
Los abogados de derechos civiles discrepan, señalando que Florida es el primer estado en usar el estatuto federal para detener migrantes en una facility operada completamente por el estado. Además, destacan que el sitio es gestionado por contratistas privados, no por agencias estatales, y no hay un acuerdo entre la División de Manejo de Emergencias de Florida y el gobierno federal.
Los abogados alegan que los detainees enfrentan “daños irreparables”, incluyendo condiciones inseguras e insalubres, y que la detención está afectando sus casos migratorios. También se menciona una violación de los derechos de la Primera Enmienda debido a dificultades para que los abogados se reúnan con sus clientes.
El estado tiene 21 días para responder a los argumentos presentados. Mientras tanto, la facility ha sentado un precedente para que otros estados establezcan sus propias instalaciones de detención migratoria estatales, apoyando los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump.
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