La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) emitió un comunicado defendiendo su uso de la base de datos estatal DAVID, diseñada para investigaciones criminales, para indagar sobre activistas que criticaron sus políticas. Esto ocurrió luego de que se revelara que analistas de inteligencia criminal de la FWC revisaron los registros de 12 personas desde 2023.
DAVID (Driver and Vehicle Information Database) contiene información sensible como números de Seguro Social, discapacidades médicas, direcciones y firmas. Solo personal autorizado puede acceder, y se requiere una razón oficial. La FWC admitió que accedió a estos registros para evaluar «amenazas creíbles», aunque previamente afirmaron que ninguno de los investigados estaba bajo investigación criminal.
Sandy Moise, educadora de Miami-Dade y activista ambiental, declaró: “Pueden emitir el comunicado que quieran. Yo no hice nada malo”. Katrina Shadix, activista contra la caza de osos en Orlando, descubrió que su información fue consultada 17 veces entre 2023 y 2025, incluyendo su foto y firma. Ella niega haber hecho amenazas y prepara una demanda.
“Pueden hacer relaciones públicas todo lo que quieran, pero están atrapados y lo saben”, dijo Shadix.
Brent Fannin, quien lidera una reforma en la designación de comisionados, señaló que la FWC ha estado siguiendo a conservacionistas durante al menos cuatro años. Muchos de los investigados ni siquiera asisten a las reuniones de la Comisión.
La agencia adjuntó una muestra de comentarios violentos en redes sociales, incluyendo uno que decía: “No dejes que lo mate, déjalo vivir totalmente paralizado y en agonía por muchos años”. Sin embargo, no atribuyeron esos comentarios a ninguno de los activistas investigados. La FWC también mencionó casos de empleados cuyas direcciones fueron publicadas y protestas en negocios de comisionados.
El presidente de la FWC, Rodney Barreto, justificó el acceso a DAVID para verificar a quienes se inscriben para hablar en reuniones públicas. Pero Fannin replicó: “Muchos de nosotros nunca hemos ido a una reunión”.
La FWC insiste en que “tomar las amenazas en serio es sentido común” y que la evaluación de amenazas es una función legítima. Sin embargo, los activistas sostienen que se violaron sus derechos constitucionales al ser investigados sin causa.
El caso sigue generando polémica en Florida, donde se debate el límite entre la seguridad pública y la privacidad de los ciudadanos que ejercen su derecho a criticar a una agencia gubernamental.
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