DeSantis impone a sus aliados como presidentes en universidades de Florida

Gobierno de Florida consolida control político en universidades

La Junta de Gobernadores del sistema universitario de Florida aprobó por unanimidad tres nuevos presidentes universitarios con estrechos vínculos con el gobernador Ron DeSantis, profundizando la tendencia de nombrar figuras políticas en puestos académicos clave.

Los nuevos mandos universitarios

• Jeanette Nuñez: Ex vicegobernadora, ahora en la Universidad Internacional de Florida (FIU) con salario base de $925,000
• Manny Diaz Jr.: Comisionado de Educación, como presidente interino de la Universidad de West Florida (UWF)
• Marva Johnson: Ejecutiva de telecomunicaciones en la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida (FAMU) con compensación total de $836,000

Polémica sin precedentes en FAMU

El nombramiento de Marva Johnson generó intensas protestas de estudiantes, egresados y miembros de la junta directiva. Kimberly Godwin, expresidenta de ABC News y egresada de FAMU, declaró que Johnson está «subcalificada y carece de visión» para dirigir esta universidad históricamente afroamericana.

«Merezco esta oportunidad porque me la gané» – Marva Johnson durante su discurso de aceptación

Cambio de paradigma académico

Once de los 25 puestos vacantes en universidades públicas de Florida durante los últimos cinco años fueron ocupados por exlegisladores republicanos o cabilderos. Este patrón consolida el legado de reformas educativas conservadoras de DeSantis, donde ahora 5 de las 12 universidades públicas estarán dirigidas por sus aliados.

Cuestionamientos sobre credenciales

Los críticos destacan que tanto Nuñez como Diaz carecen de títulos de doctorado, antes considerados esenciales para liderazgos universitarios. Johnson, aunque posee un doctorado en derecho, nunca ha trabajado en educación superior ni tiene experiencia previa con universidades históricamente afroamericanas.

Financiamiento cuestionado

El paquete compensatorio de Johnson supera en $300,000 al de su predecesor, requiriendo una legislación especial para utilizar fondos de reserva tras un escándalo de donación fraudulenta de $237 millones que provocó la renuncia del anterior presidente.