Venezuela: Amnistía Internacional denuncia la desaparición forzada como herramienta de represión post-electoral

Las denuncias de la organización se centran en el periodo posterior a los comicios de julio de 2024, señalando que el régimen de Maduro utiliza esta práctica como parte de un «ataque generalizado y sistemático» contra la población civil

Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una contundente denuncia contra el régimen venezolano, acusándolo de perpetrar y mantener una política de desapariciones forzadas orientada a silenciar a la disidencia. En su reciente informe, titulado «Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela», la organización detalla el análisis de 15 casos ocurridos entre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de este año, revelando un patrón escalofriante de represión. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, enfatizó la «crueldad sin límites» de las autoridades venezolanas, destacando el «daño irreparable» que la incertidumbre de la desaparición causa tanto a las víctimas como a sus familias. Este tipo de violencia, según Belski, exige una respuesta decidida de la comunidad internacional y los mecanismos de justicia global, dado que es un crimen que trasciende fronteras y compromete no solo al Estado, sino también a los funcionarios responsables.

La investigación de AI, subraya que para que una desaparición sea considerada forzada, deben concurrir tres elementos esenciales: la detención por agentes estatales (o con su aquiescencia), y la negación oficial de dicha detención o el ocultamiento del paradero de la persona. Este patrón de detenciones arbitrarias y la subsiguiente ocultación de información se ha replicado, según el informe, tras los cuestionados resultados electorales de 2024. Amnistía Internacional alerta que, aunque las estrategias represivas del gobierno siguen un patrón conocido, la escala actual no tiene precedentes: se estima que al menos 25 personas han perdido la vida y unas 2.200 han sido privadas de su libertad de forma arbitraria e ilegal, con cientos de ellas posiblemente sometidas a desaparición forzada. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) son señalados como los principales responsables de estas acciones, con 11 de las 15 personas investigadas por AI aún con paradero desconocido. Entre los desaparecidos se encuentran ciudadanos de diversas nacionalidades, como el argentino Nahuel Agustín Gallo, cuya detención ha sido calificada como un crimen de lesa humanidad por organismos como la OEA, y los españoles Andrés Martínez y José María Basoa, detenidos bajo acusaciones de espionaje sin pruebas. La persistencia de estos crímenes en Venezuela impulsa a Amnistía Internacional a instar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a profundizar su investigación, incluyendo la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, y a la comunidad internacional a emplear todos los recursos diplomáticos y jurídicos para presionar por la rendición de cuentas.