Impacto de la nueva política migratoria de Trump
La administración Trump ha emitido un memorando que obliga a la mayoría de los solicitantes de residencia permanente en Estados Unidos a regresar a sus países de origen para completar el trámite. Esta medida representa uno de los golpes más duros del presidente Donald Trump a la inmigración legal desde su regreso a la Casa Blanca.
Según el documento emitido el jueves por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el “ajuste de estatus” —el proceso que permite a personas ya en territorio estadounidense obtener la green card sin salir del país— será considerado un “asunto de discreción” y no debe reemplazar el trámite consular ordinario.
Efectos inmediatos: separación familiar y pérdida de empleos
La nueva directriz afecta a cónyuges y familiares de ciudadanos estadounidenses, profesionales y estudiantes que ya se encuentran legalmente en el país. Deberán solicitar la residencia a través de consulados en el extranjero, un proceso que puede tardar meses o años. Esto implicará separación de familias y que muchos trabajadores deban abandonar sus empleos.
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, indicó:
“Estamos regresando a la intención original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen correctamente por nuestro sistema migratorio. Los no inmigrantes, como estudiantes o trabajadores temporales, vienen a EE.UU. por un tiempo corto y con un propósito específico. Su visita no debe funcionar como el primer paso para obtener la green card.”
Más de medio millón de solicitudes anuales en riesgo
Cada año, más de 500,000 personas solicitan la green card mediante ajuste de estatus. Con el nuevo memorando, la administración Trump señala que obtener la residencia permanente mientras se vive en EE.UU. es una “forma extraordinaria de alivio”. USCIS argumenta que el cambio al procesamiento consular liberará recursos para concentrarse en otros casos, como visas para víctimas de crímenes violentos y trata de personas.
El documento instruye a los oficiales a considerar como “factores adversos” el hecho de que los solicitantes hayan ingresado con visa temporal o con libertad condicional. Incluso quienes poseen visas de “doble intención” (que permiten un camino legal hacia la inmigración) no estarán exentos. La guía solo contempla excepciones en casos muy limitados, como personas con solicitudes de asilo o refugio aprobadas que no puedan regresar a sus países.
Litigios y consecuencias para comunidades como el sur de Florida
Expertos legales anticipan que la política será objeto de feroces litigios. El Instituto Cato estima que hay más de 1.2 millones de personas esperando el ajuste de estatus, incluyendo 300,000 cubanos cuyas solicitudes ya fueron congeladas por otra medida de Trump. En comunidades como el sur de Florida, donde muchos residentes patrocinan a familiares, las consecuencias serán profundas.
David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, afirmó:
“Es otra forma de reducir la inmigración legal y obligar a las personas a autodeportarse. Esta es una gran oportunidad para acercarse a la meta de millones de deportaciones o autodeportaciones.”
Además, países como Haití, Venezuela y Rusia carecen de misiones diplomáticas funcionales que procesen visas, y están sujetos a las prohibiciones de viaje de Trump. Esto deja a miles sin posibilidad de obtener la residencia ni desde EE.UU. ni desde sus países de origen.
Políticas superpuestas para frenar la migración legal
La nueva directriz se suma a otras medidas: congelación de más de un millón de solicitudes de beneficios migratorios de cubanos, venezolanos y haitianos; prohibiciones de visa para 39 países; y fianzas de visa de entre $5,000 y $15,000 para viajeros de ciertas naciones. Shev Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, resumió:
“Quieren hacer mucho más difícil que las personas permanezcan legalmente aquí.”
La tasa de denegaciones de green cards podría dispararse, incluso para solicitantes elegibles. La política, según analistas, está diseñada para evitar que los inmigrantes obtengan la residencia permanente desde el principio.
