En un fallo histórico, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó este jueves una decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, que había anulado una sentencia de $400 millones contra cuatro grandes compañías de cruceros por «tráfico de propiedades confiscadas» en el puerto de La Habana. La decisión, redactada por el juez Clarence Thomas, fue respaldada por 8 de los 9 magistrados, con la única disidencia de Elena Kagan.
El tribunal determinó que los demandantes estadounidenses que poseen reclamos sobre propiedades confiscadas en Cuba, incluso si las concesiones originales hubieran expirado en el tiempo, pueden demandar bajo el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996. En el centro del caso está la empresa Havana Docks, que operaba el puerto de La Habana hasta que el gobierno de Fidel Castro confiscó sus instalaciones en 1960.
La Ley Helms-Burton permitió por primera vez en mayo de 2019, bajo la administración del entonces presidente Donald Trump, que los nacionales estadounidenses demandaran a empresas por «tráfico» de propiedades confiscadas. Poco después, Havana Docks presentó una demanda contra Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises por utilizar los muelles confiscados para transportar pasajeros a Cuba.
«El uso de propiedades confiscadas, independientemente de cuándo termine una concesión hipotética, genera responsabilidad bajo la ley», escribió el juez Thomas en la opinión mayoritaria.
La decisión no resuelve el caso de fondo, que sigue en litigio, pero representa una victoria legal significativa para Havana Docks, una de las primeras demandas bajo Helms-Burton en 2019. Además, coincide con la política de la administración Trump de presionar al gobierno cubano por los 5,913 reclamos de propiedades confiscadas certificados por la Comisión de Reclamaciones de Estados Unidos, y de amenazar con sanciones a empresas extranjeras que hagan negocios en la isla.
El dictamen deja claro que las navieras no pueden eludir su responsabilidad simplemente porque el derecho de concesión original habría expirado. «No adoptamos un enfoque que parezca excluir casos de tráfico en el corazón del Título III», concluyeron los jueces.
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