Más de 500,000 inmigrantes haitianos enfrentan incertidumbre mientras un juez federal en Nueva York evalúa la legalidad de la decisión gubernamental de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS).
El juez Brian M. Coban debía emitir su fallo en junio sobre la terminación del TPS, pero la demora aumenta la angustia entre la comunidad haitiana. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había fijado como fecha límite el 3 de agosto, pero incumplió el plazo para publicar el aviso de 60 días requerido.
Abogados de los inmigrantes alertaron que algunos ya tienen permisos de trabajo con fecha de vencimiento del 3 de agosto. «Los empleadores que necesitan trabajadores después de esa fecha probablemente no contratarán a titulares de TPS», señalaron en documentos judiciales.
El Departamento de Seguridad Nacional argumenta que los solicitantes «malinterpretan» su política: «Si se termina el TPS, los titulares tendrán al menos 60 días desde la publicación oficial antes de perder su estatus legal».
La deportación afectaría a 521,000 personas que podrían ser enviadas a un país donde:
El estatus se implementó tras el terremoto de 12 de enero de 2010 en Haití, que dejó más de 300,000 muertos. La administración Trump ha terminado este beneficio para nacionales de Venezuela, Afganistán y Camerún, manteniéndolo solo para Sudán del Sur.
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