El gobierno transitorio de Haití ha puesto fin oficialmente a los esfuerzos para redactar una nueva constitución, marcando un giro crucial en la política del país caribeño. La decisión se tomó durante una reunión del Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, el primer encuentro en este lugar desde que las pandillas armadas forzaron al gobierno a abandonar el centro de Port-au-Prince.
El Consejo Presidencial de Transición adoptó esta medida en una sesión celebrada un jueves, donde también se modificó el mandato del Consejo Electoral Provisional para eliminar la necesidad de un referéndum constitucional. Además, se aprobó un presupuesto retrasado para 2025-26. Durante la reunión, se escucharon disparos de armas automáticas en los alrededores, subrayando la frágil seguridad.
El abogado y exministro de Justicia Bernard Gousse calificó el proceso como «ilegal y peligroso», respaldado por un informe del Colegio de Abogados de Port-au-Prince. Se argumentó que el comité directivo de la Conferencia Nacional violó las provisiones de la Constitución de 1987 al no realizar consultas públicas con grupos sociales, políticos y profesionales.
El borrador de constitución incluía medidas altamente controvertidas, como reducir el poder del Parlamento, introducir un vicepresidente y crear gobernadores regionales con términos indefinidos, lo que potencialmente los haría más poderosos que el presidente, limitado a dos mandatos de cinco años.
En enero de 2024, un grupo liderado por el ex parlamentario Jerry Tardieu enfrentó «numerosos desafíos» debido a la crisis de pandillas, que impidió consultas en provincias y con la diáspora. La Embajada de EE.UU., a través del encargado de negocios Henry Wooster, presionó para abandonar el proyecto constitucional y centrarse en elecciones. Wooster enfatizó la necesidad de un «jefe de estado democráticamente electo» en una conferencia de prensa el 24 de septiembre.
«La pregunta es si los haitianos tienen que arreglar la Constitución haitiana antes de poder tener una elección legítima… o puede esperar» — Henry Wooster, diplomático estadounidense.
Esta postura fue interpretada como un respaldo tácito de Washington para descartar la reforma, en un contexto donde la inestabilidad se atribuye a la falta de aplicación de la Constitución de 1987, redactada tras la dictadura de la familia Duvalier.
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