El gobierno de Estados Unidos ha suavizado las sanciones contra el gobierno venezolano para permitir el pago de la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el caso de narcoterrorismo que enfrentan en Nueva York. La medida, revelada en un documento judicial publicado el viernes, marca un cambio significativo en la postura de Washington.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió licencias enmendadas que autorizan a los abogados de la pareja a recibir pagos del gobierno venezolano, bajo estrictas condiciones. Los fondos solo pueden provenir de aquellos disponibles para el gobierno después del 5 de marzo de 2026, y se prohíbe el uso de cuentas restringidas, un cambio respecto a los esfuerzos anteriores de EE.UU. por bloquear esos recursos por motivos de seguridad nacional.
El equipo jurídico de Maduro, liderado por el abogado Barry Pollack, argumentó que las restricciones violaban la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a un abogado de elección. Durante una audiencia el 26 de marzo de 2026 en la corte federal de Nueva York, el juez de distrito Alvin Hellerstein cuestionó la justificación del gobierno basada en la seguridad nacional, señalando que, tras su captura, ni Maduro ni Flores parecían representar una amenaza continua.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero de 2026 en Caracas en una operación militar de EE.UU. y trasladados a un centro federal en Brooklyn. Ambos se declararon no culpables de los cargos de conspiración de narcoterrorismo e importación de cocaína. Se espera que el juicio no comience hasta dentro de al menos uno o dos años.
Mientras el caso avanza, la atención se centra en Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela, quien podría convertirse en testigo estrella de la fiscalía. Carvajal se declaró culpable en 2025 de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo como parte de un acuerdo que dejó abierta la posibilidad de cooperar con las autoridades.
Según un informe de CNN publicado el fin de semana, Carvajal envió una carta al presidente Donald Trump ofreciendo información sobre presuntas actividades criminales dentro del Estado venezolano, buscando “expiar” acciones pasadas y ayudar a EE.UU. a “protegerse de peligros” que presenció durante años en el gobierno.
En una carta de diciembre de 2025 desde prisión, Carvajal alegó que el Estado venezolano se convirtió en una empresa de narcotráfico bajo Hugo Chávez, centrada en el Cartel de los Soles, una red de funcionarios militares acusada de coordinar envíos masivos de cocaína al extranjero. Afirmó que el movimiento de drogas hacia EE.UU. no era corrupción aislada sino una política deliberada para “armar” los narcóticos, acusaciones que Caracas ha negado consistentemente.
Carvajal también acusó al gobierno venezolano de empoderar a grupos criminales como el Tren de Aragua y de colaborar con servicios de inteligencia de Cuba y Rusia, así como de operar redes de espionaje dentro de EE.UU. —afirmaciones que no han sido confirmadas públicamente por funcionarios estadounidenses. Estas alegaciones coinciden con los cargos que enfrenta Maduro, quien ha negado repetidamente su participación en narcotráfico.
El Departamento de Justicia de EE.UU. no ha confirmado si Carvajal está cooperando, pero expertos legales señalan que desarrollos recientes sugieren negociaciones tras bastidores. La audiencia de sentencia de Carvajal fue pospuesta la semana pasada sin nueva fecha, y ya no aparece en la base de datos de la Oficina Federal de Prisiones, aunque permanece bajo custodia federal. Ni su equipo legal ni el Departamento de Justicia han comentado.
La potencial cooperación de Carvajal podría ser crucial, pues durante años las autoridades estadounidenses han luchado por penetrar un sistema donde elementos del Estado venezolano, incluyendo las fuerzas militares y de inteligencia, habrían sido reutilizados para facilitar actividades ilícitas. Con décadas de acceso a altos mandos bajo Chávez y Maduro, Carvajal es visto como un testigo interno capaz de dar detalles sobre el funcionamiento de esas redes. Sin embargo, analistas advierten que sus declaraciones deben ser corroboradas de manera independiente, dado su historial de cambios de lealtad.
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