Patricia Duarte, la directora financiera de la Coalición contra la Violencia Doméstica de Florida (FCADV), se declaró culpable de un delito grave de fraude organizado el lunes, en un acuerdo que probablemente garantiza que uno de los mayores escándalos políticos de la década en Florida termine sin que nadie vaya a prisión.
La socia de Duarte, la exdirectora ejecutiva Tiffany Carr, aceptó un acuerdo similar en enero que la eximió de prisión por los millones de dólares que tomó en compensación ilegal. El estado retrasó la sentencia de Carr para utilizarla como testigo colaborador en un juicio contra Duarte, que ya no se llevará a cabo. Carr se declaró culpable de fraude organizado y de mala conducta oficial, y probablemente recibirá 10 años de libertad condicional y pagará más de $260,000 al estado.
Mientras Carr y Duarte inflaban sus salarios, las víctimas de violencia doméstica en todo el estado vieron negados los servicios. La FCADV era el único centro de compensación de unos $52 millones anuales en fondos estatales y federales que fluían a los refugios de Florida.
Ambas fueron arrestadas en 2023 acusadas de inflar sus salarios mediante la creación de puestos falsos en los libros, acreditando altos salarios a esos puestos vacíos, presentando informes trimestrales falsos y recibiendo miles de dólares en pagos excesivos del Departamento de Niños y Familias de Florida. Según una declaración jurada, Duarte y Carr obtenían los fondos recibiendo grandes cantidades de tiempo libre remunerado junto con sus evaluaciones de desempeño anuales, así como aumentos y bonificaciones anuales.
El estado canceló el contrato en 2020 tras una investigación de la Cámara de Representantes y recuperó $5 millones en 2021 bajo la exfiscal general Ashley Moody. Duarte y la exdirectora de operaciones, Sandra Barnett, fueron obligadas a pagar $60,000 en un acuerdo alcanzado con el estado en 2021. Como parte de ese acuerdo, Carr debía pagar $2.1 millones.
El juez Stephen Everett preguntó a Duarte si entendía que, de ser acusada nuevamente de fraude, esta declaración podría usarse para cargos más graves. Duarte respondió que lo entendía y aceptó renunciar a un juicio. En enero, Everett señaló que defensores de violencia doméstica enviaron cartas oponiéndose al acuerdo de culpabilidad de Carr, quien organizó el esquema de fraude durante años, incluyendo un salario de $761,000 en 2018 y un paquete de compensación de $7.5 millones que incluía casi $5 millones en tiempo libre remunerado.
El fiscal estatal Guillermo L. Vallejo indicó al tribunal que su oficina no ha sido contactada por grupos externos respecto al acuerdo de Duarte.
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