La administración Trump anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, una medida que ya es efectiva este lunes y que deja en vilo a más de 300,000 personas en todo el país. De ellas, aproximadamente la mitad reside en Florida, y muchas aseguran que volver a Haití sería una sentencia de muerte.
El TPS es un programa federal que otorga estatus legal y permisos de trabajo a personas que huyen de países en peligro extremo. Puede renovarse indefinidamente, pero no ofrece un camino directo a la residencia permanente ni a la ciudadanía. A diferencia del asilo, no protege de por vida ni conduce automáticamente a un estatus permanente.
Haití está en la lista de no viajar del Departamento de Estado por delitos, secuestros, terrorismo e inestabilidad. Aun así, la administración Trump decidió poner fin al programa para los haitianos.
| Dato clave | Detalle |
|---|---|
| Beneficiarios | Más de 300,000 haitianos |
| Residentes en Florida | Aproximadamente la mitad |
| Fin del TPS | 27 de julio de 2026 |
| Permisos de trabajo | Vencidos |
Casou tiene 34 años y no ve a su madre desde 2018, cuando huyó de Haití hacia Estados Unidos. Las últimas palabras de su madre fueron una advertencia por teléfono:
“Pase lo que pase, no vuelvas.”
Esa advertencia resuena ahora que Casou, como cientos de miles de haitianos, enfrenta la pérdida de su estatus migratorio. Pidió usar un seudónimo para protegerse: cuando no está en su apartamento, vive pendiente de ICE, revisa su teléfono por noticias de redadas o avistamientos de agentes en Miami y teme que la detengan y la suban a un avión de regreso a Haití.
Hace casi ocho años, Casou tenía 26 años y vivía con su madre en el barrio Bel-Air de Puerto Príncipe, a pocas cuadras del palacio presidencial. Trabajaba como enfermera de partos en una clínica. Los “bandidos”, como ella los llama, comenzaron a seguirla cuando salía del trabajo y pronto se volvieron una constante en su ruta. Siempre querían dinero.
A veces la llamaban para exigirle pagos. Lo que les diera nunca era suficiente. Finalmente, saquearon su casa: con armas en mano, tomaron lo que quisieron y destruyeron lo demás. Luego la amenazaron: “La próxima vez vamos a violarte y matarte”.
Poco después, por insistencia de su madre, huyó a Estados Unidos. En ese entonces, Washington todavía extendía el TPS para haitianos, como lo hacía desde 2010, cuando un terremoto de magnitud 7.0 devastó el país.
Casou recuerda un Haití hermoso antes del terremoto: buena comida criolla, buenos momentos, familia y amigos, con posibilidades humildes pero reales. “Quería vivir en mi país. Irme fue el último recurso”, dijo.
Pero la vida en Haití se volvió cada vez más insostenible. El gobierno perdía control mientras protestas masivas sacudían la capital. Esa crisis política desembocó en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y en el rápido descenso del país hacia la violencia de pandillas, la privación y la anarquía.
Casou llegó sola al sur de Florida. Su madre se quedó en Haití. Los hombres que la amenazaron volvieron y la golpearon hasta casi matarla. Casou solo pudo enviarle dinero desde lejos.
Casou piensa en su madre todos los días. La salud de su madre decayó tras la golpiza y nunca volvió a ser la misma. Falleció el año pasado, justo después de Navidad. La última imagen que Casou tiene de ella es una foto en una camilla de hospital, con la bata puesta y la espalda hacia la cámara. Vio el funeral de su madre por una transmisión en vivo desde su teléfono.
La muerte de su madre fue devastadora emocional y financieramente. Casou gastó aproximadamente $50,000 en su atención médica: un tanque de oxígeno de $800, miles de dólares en medicamentos, el traslado de su madre al hospital y luego el del cuerpo. Las pandillas siempre cobraban su parte. Por vivir en Estados Unidos, pagó precios estadounidenses.
La traductora que la ayudó durante la entrevista lo resumió en una palabra: “Es extorsión”.
Casou ya no puede trabajar. Hasta ahora vivía con lo justo: trabajaba de día como recepcionista en una agencia local y estudiaba para retomar su carrera de enfermería. Su empleador es sensible a su situación, pero no puede mantenerla legalmente. El lunes fue su último día de trabajo.
Ahora necesita reunir $1,600 para este sábado y así evitar ser desalojada de su “pequeño rincón de paz”, como ella lo llama. “No sé qué hacer. Sinceramente, no sé”, dice.
Mientras la comunidad espera una orden de un juez federal sobre el fin formal del programa, los permisos de trabajo ya vencieron. Para Casou, la única certeza es que no puede regresar a Haití.
El fin del TPS para haitianos ha generado dudas e inquietud en la comunidad. En una reciente entrevista, la abogada de inmigración Martha Arias fue consultada sobre el tema, en un contexto donde las familias buscan respuestas urgentes.
Mientras tanto, Casou ha solicitado asilo y reza por buenas noticias. Sin embargo, las posibilidades son limitadas: como señaló su traductora, “muy pocas personas obtienen asilo; es demasiado difícil”.
Pese a todo, Casou quiere que su historia sea también un mensaje de gratitud. Le encantaría volver a un Haití pacífico y estable, y asegura que agradece a Estados Unidos y a los estadounidenses la seguridad que le han dado durante los últimos ocho años.
“Estamos rezando para que las cosas mejoren en Haití. Nos encantaría poder darle la bienvenida y expresar la gratitud que sentimos por su generosidad, su acogida y su hospitalidad.”
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