El Miami Dade College ha dado un paso inusual en un litigio de transparencia pública: solicitar la descalificación de la jueza que inicialmente le dio la razón. El conflicto judicial gira en torno a la polémica decisión de ceder un terreno público en el centro de la ciudad para la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump.
En octubre, el historiador y activista Marvin Dunn demandó a la Junta de Síndicos del college, acusándola de violar las leyes de transparencia de Florida (Sunshine Law) al votar en septiembre para ceder el terreno de Biscayne Boulevard sin debate público ni comentarios.
La jueza del Circuito de Miami-Dade, Mavel Ruiz, falló inicialmente a favor de Dunn, bloqueando temporalmente la transferencia de la tierra al considerar que su caso tenía probabilidades de éxito.
En diciembre, el college celebró una nueva votación, esta vez con horas de comentarios públicos, y ratificó la decisión de transferir el terreno a una junta estatal que planea entregarlo a la fundación de la biblioteca de Trump. Posteriormente, la jueza Ruiz levantó el bloqueo y desestimó el caso.
En un movimiento legal reciente, los abogados del Miami Dade College presentaron una solicitud para descalificar a la jueza Ruiz de cualquier procedimiento futuro. Alegaron que la magistrada tenía a Dunn en «alta estima» y albergaba un «sesgo personal a su favor».
«El College cree que no tendrá un juicio justo si la jueza Ruiz continúa presidiendo esta acción», escribieron los abogados en el documento.
La disputa ahora se centra en si la demanda de Dunn se desestima con o sin «prejuicio». Esta distinción legal es crucial:
El abogado de Dunn, Andrés Rivero, señaló que su cliente busca la segunda opción para forzar un proceso de descubrimiento y «averiguar lo que realmente sucedió» en la decisión inicial del college, incluso si no logra detener el proyecto de la biblioteca.
El college argumentó que, según la Sunshine Law, solo estaba obligado a anunciar la celebración de una reunión, no los detalles específicos de lo que se discutiría. Esta interpretación, respaldada por el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, ha alarmado a defensores del gobierno abierto, quienes advierten que podría sentar un peligroso precedente.
Mientras tanto, la fundación de la biblioteca de Trump ha declarado que planea construir un rascacielos en el terreno y recaudar casi mil millones de dólares para el proyecto. Expertos inmobiliarios han calificado la propiedad como «el sueño de un desarrollador».
El terreno, actualmente un estacionamiento, ha sido objeto de propuestas de desarrollo en el pasado. En negociaciones de 2016, el college solicitó un centro cultural, $20 millones en efectivo y una parte de las ventas de condominios, pero el acuerdo no prosperó. En esta ocasión, ni el college ni la fundación de Trump han anunciado contraprestaciones específicas para la institución educativa a cambio de la tierra.
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