La Hope Florida Foundation, la organización benéfica creada por el estado para impulsar la iniciativa insignia de la primera dama Casey DeSantis, ha sacado sus documentos de Tallahassee. De acuerdo con nuevas declaraciones de impuestos, ahora guarda sus registros en el mismo discreto edificio de Alabama donde opera Crosby Ottenhoff Group, la firma que brinda servicios de cumplimiento financiero al super PAC que respalda la reelección de la senadora Ashley Moody.
El super PAC Stronger Safer Nation pagó a Crosby Ottenhoff Group $38,000 por servicios de consultoría en financiamiento de campañas. La fundación, que según una declaración de impuestos anterior mantenía sus registros en la sede del Departamento de Niños y Familias de Florida, ahora comparte dirección física con el comité en Mountain Brook, un adinerado suburbio de Birmingham.
El traslado de la fundación que respalda el proyecto insignia de la primera dama a un centro político fuera del estado ocurre después de investigaciones políticas y criminales sobre cómo la organización ayudó a mover $10 millones en fondos de contribuyentes, provenientes de un acuerdo de Medicaid, a un comité político dirigido por el actual fiscal general James Uthmeier. Ese comité utilizó el dinero para ayudar a derrotar la enmienda de marihuana de Florida en 2024.
Otra organización benéfica creada por el estado, la Florida Emergency Management Assistance Foundation, que apoya a la agencia estatal de manejo de emergencias, gestiona sus finanzas internamente, según documentos fiscales. En cambio, la Hope Florida Foundation contrató a una firma de cumplimiento legal con conexiones políticas, la más reciente de una serie de formas en que este organismo aparentemente no partidista ha quedado vinculado a operadores políticos republicanos.
Crosby Ottenhoff Group se promociona como una ventanilla única para comités políticos. Entre sus clientes figuran dos de los comités más grandes destinados a mantener el control republicano de la Cámara: National Republican Campaign Committee y Congressional Leadership Fund.
La firma también lleva los libros de American Mission Florida, un comité político respaldado por la industria de la inteligencia artificial que ha estado difundiendo anuncios en apoyo al candidato a gobernador Byron Donalds.
Entre las organizaciones sin fines de lucro de Florida, Crosby Ottenhoff Group solo gestionó los libros de otra en 2024: America Issues Movement Inc., un grupo con sede en Miami dirigido por estrategas republicanos y que desde entonces fue disuelto administrativamente. Según registros financieros estatales, la firma no es contratista de agencias estatales.
La firma no respondió a las preguntas sobre cómo llegó a trabajar con la Hope Florida Foundation. Tampoco respondieron el Departamento de Niños y Familias ni la fundación.
Eric Gorovitz, abogado de derecho tributario para organizaciones sin fines de lucro en San Francisco, señaló que desde una perspectiva legal «no hay nada culpable en contratar una firma contable reconocida con la experiencia adecuada», siempre que la presentación de informes se haga con precisión.
Nathan Goldman, profesor asociado de contabilidad en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dijo que la decisión abre la puerta a posibles malas conductas y planteó dudas sobre los procesos de supervisión.
«¿Por qué cambiaron la forma en que se hace esto? ¿Hubo un proceso de selección competitivo? ¿Se consideraron conflictos de interés? ¿El directorio está documentando su decisión?», cuestionó Goldman.
Goldman agregó que la posibilidad de que los mismos empleados trabajen en los libros de la fundación y del PAC que respalda a Moody «crea oportunidades para que las personas hagan cosas que no se supone que deben hacer».
La nueva declaración de impuestos de la fundación ofrece la documentación pública más clara de que, en 2024, la organización hizo poco además de transferir los fondos del acuerdo de Medicaid a organizaciones que luego entregaron millones al comité de Uthmeier.
En su presentación ante el IRS, la fundación se describió como una organización benéfica para «fomentar la colaboración comunitaria entre los sectores público y privado, las comunidades religiosas y las organizaciones sin fines de lucro, para romper los silos comunitarios tradicionales». Sin embargo, solo distribuyó un puñado de subvenciones ese año:
| Destinatario | Monto |
|---|---|
| Florida Emergency Management Assistance Foundation | $100,000 |
| Siete personas relacionadas con la recuperación del huracán Milton | $87,000 |
| Secure Florida’s Future y Save Our Society From Drugs | $10,000,000 |
El desembolso de $10 millones se dividió entre Secure Florida’s Future, un grupo dirigido por la Cámara de Comercio de Florida, y Save Our Society From Drugs, una organización de St. Petersburg asociada con Drug Free America.
En los días posteriores a la transferencia, esos dos grupos enviaron $8.5 millones al comité político de Uthmeier, financiando anuncios en contra de la enmienda electoral de Florida de 2024 que legalizaba la marihuana. Según declaraciones de impuestos, Save Our Society From Drugs y Drug Free America dieron a Keep Florida Clean un total de $9.6 millones en 2024.
El comité de Uthmeier gastó $25 millones durante el ciclo electoral, y la propuesta que él se oponía no alcanzó el umbral del 60% necesario para aprobarse.
En el formulario de impuestos, la fundación respondió «no» a la pregunta sobre si había participado en actividades de cabildeo y describió todas las subvenciones como fondos «entregados después de una evaluación de la misión y las actividades programáticas de las organizaciones beneficiarias». No obstante, las propuestas de subvención que Save Our Society From Drugs y Drug Free America presentaron no detallaban cómo planeaban gastar el dinero. Además, el correo electrónico publicado en el sitio web de la fundación para recibir nuevas propuestas no funcionaba y los mensajes rebotaban automáticamente.
Moody enfrenta una presión creciente de sus oponentes demócratas por el papel de su oficina en la negociación del acuerdo, en el marco de las elecciones al Senado de noviembre. Ese acuerdo fue el inicio de una cadena de eventos que derivó en que millones de dólares de los contribuyentes terminaran en anuncios políticos. Moody fue nominada al escaño vacante del Senado por el gobernador Ron DeSantis después de que Marco Rubio fuera nombrado secretario de Estado.
Registros anteriores mostraron que Centene, la contratista de salud que pagó el acuerdo, insistió en que se citara a la oficina de Moody para contextualizar la inusual decisión de redirigir $10 millones de un acuerdo de $67 millones a una organización benéfica. Durante el proceso de redacción, su subjefe, John Guard, eliminó las referencias a Moody, pero su nombre aparece en el acuerdo final.
El director de comunicaciones de Moody, Cameron Gambini, distanció a la senadora del acuerdo: «Este fue un acuerdo de la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA) que AHCA eligió negociar y resolver a través de abogados de AHCA y abogados externos hace casi dos años».
Gambini añadió que Moody no participó en la investigación del gran jurado sobre cómo el dinero del acuerdo terminó pagando anuncios políticos, y que «no tendría problema con la publicación de cualquier informe». El gran jurado aún no ha publicado los hallazgos de su investigación.
La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, dijo en una conferencia de prensa: «Ashley necesita dejar de guardar secretos de la gente de nuestro estado. Es hora de que asuma y se presente». El principal candidato demócrata contra Moody, Alexander Vindman, también criticó a la senadora: «La corrupción será un tema esencial. Creo que este caso es particularmente atroz».
Moody no está directamente vinculada a Stronger Safer Nation, el super PAC radicado en el mismo edificio de Alabama que guarda los registros de Hope Florida. En una contienda federal, los candidatos no pueden coordinarse legalmente con los super PAC que respaldan sus campañas. Aun así, el comité es un epicentro para donantes y corporaciones que quieren respaldar a Moody sin chocar con los límites de contribución directa. El multimillonario de Miami Ken Griffin donó $2.5 millones a Stronger Safer Nation a principios de este verano.
La declaración de impuestos de la fundación también podría generar un escrutinio adicional por parte del IRS, especialmente si la agencia, bajo la administración de Donald Trump, decide perseguir el caso. Expertos en organizaciones sin fines de lucro advirtieron a principios de este año que las acciones de la fundación podrían poner en peligro su estatus de exención fiscal por las estrictas restricciones sobre la participación de las organizaciones sin fines de lucro en política o cabildeo.
Mientras tanto, la investigación penal relacionada con Hope Florida concluyó, pero una indagación del IRS podría comenzar pronto. Las preguntas sobre transparencia, conflictos de interés y el uso de fondos públicos siguen abiertas.
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