Los legisladores estatales de Florida aprobaron otorgar al gobernador Ron DeSantis amplios nuevos poderes para nombrar organizaciones como «terroristas», a pesar de las preocupaciones de los demócratas de que podría abusar de ellos para atacar a estudiantes universitarios de tendencia izquierdista y escuelas islámicas que reciben fondos públicos a través de vouchers.
Los representantes de la Cámara aprobaron el proyecto HB 1471 este jueves, enviándolo al escritorio de DeSantis para su firma. La oficina de DeSantis propuso originalmente esta legislación, que otorga a él y a futuros gobernadores facultades típicamente reservadas al gobierno federal.
Bajo el proyecto, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, que reporta al gobernador, tendría la capacidad de designar grupos como organizaciones terroristas extranjeras o nacionales.
El proyecto apunta específicamente a estudiantes universitarios que «promuevan» organizaciones terroristas. La promoción incluye «hacer una declaración o tomar una acción que apoye, apruebe o aliente la violencia extralegal de una organización terrorista». Dichos estudiantes serían expulsados inmediatamente y se les cobrarían tarifas de matrícula como estudiantes fuera del estado.
«Esta es una represión política de principio a fin», dijo la representante Angie Nixon, demócrata de Jacksonville. «Esto es irrespetuoso para nosotros como legisladores».
La legislación también prohíbe que partidarios de grupos terroristas reciban cualquier financiamiento estatal, incluyendo instituciones que reciben dinero de becas de elección escolar, una respuesta a informes de escuelas islámicas que reciben vouchers.
Esta ley sigue años de esfuerzos de DeSantis para reprimir protestas pro-palestinas en campus universitarios. En 2023, el canciller del Sistema Universitario Estatal, designado por DeSantis, acusó a dos capítulos de Students for Justice in Palestine de apoyar materialmente a Hamas tras el ataque del 7 de octubre a Israel.
En diciembre, DeSantis también nombró al Council on American Islamic Relations (CAIR), un grupo de derechos civiles y defensa musulmán, como organización terrorista mediante una orden ejecutiva. Un juez federal bloqueó temporalmente la medida por motivos de libertad de expresión.
La representante Hillary Cassel, la republicana de Dania Beach que patrocinó ambos proyectos, afirmó que no tenía intención de bloquear el derecho de los estudiantes a protestar o debatir. «Este proyecto protege la Constitución, nos protege de aquellos que quieren cambiarnos, nos protege de aquellos que quieren que caiga la civilización occidental», dijo Cassel.
El representante Alex Andrade, republicano de Pensacola, quien investigó el desvío de $10 millones por parte de la administración DeSantis el año pasado, votó a favor del proyecto. Dijo que el proyecto crea un proceso legal para que el estado pruebe sus acusaciones de terrorismo, y los registros detrás de la decisión saldrían a la luz en procedimientos judiciales.
Los legisladores también aprobaron otro proyecto que hace secretos los registros de esas decisiones bajo la ley estatal. Los grupos podrían acceder a algunos de esos registros si desafían su designación terrorista en la corte.
El representante Wyman Duggan, republicano de Jacksonville, cortó las preguntas sobre cambios al proyecto después de 19 minutos, enfureciendo a los demócratas.
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