Más de 75,000 votantes en un distrito de Miami-Dade podrían carecer de un representante en la Cámara de Representantes de Florida durante toda la sesión legislativa. La razón: el gobernador Ron DeSantis aún no ha convocado la elección especial necesaria para llenar la vacante, generando críticas bipartidistas y acusaciones de maniobras políticas.
El escaño quedó vacante el mes pasado después de que los comisionados del condado de Miami-Dade nombraran a Vicki Lopez para la Comisión del Condado, un puesto que antes ocupaba la ahora alcaldesa electa de Miami, Eileen Higgins. Según la ley, corresponde al gobernador decidir cuándo los votantes elegirán un nuevo representante estatal.
Sin embargo, han transcurrido 28 días desde que López juró como comisionada del condado. Un análisis de la ACLU revela que, en las dos décadas anteriores a DeSantis, los gobernadores tardaban un promedio de ocho días en convocar una elección especial tras una vacante. Este retraso significativo es lo que ahora centra las críticas.
El candidato demócrata Justin Mendoza Routt acusó a DeSantis de «jugar a la política» con un escaño legislativo que los demócratas tienen esperanzas de recuperar.
«Cada día que pasa sin que el Gobernador establezca las fechas para la elección especial solo sirve como prueba positiva de que el Gobernador entiende claramente la vulnerabilidad de su partido en nuestra comunidad», declaró Mendoza Routt.
Por el lado republicano, el candidato Tony Diaz también criticó al gobernador por no programar la elección, afirmando que ha llamado a la oficina del gobernador «más de una docena de veces» al respecto.
«Todo el mundo está en Tallahassee en este momento repartiéndose nuestro dinero. Dinero que podría usarse para arreglar una carretera estatal, dinero que podría usarse para arreglar un bache, se está repartiendo y no tenemos a nadie pidiendo pastel para nosotros», expresó Diaz.
Los demócratas podrían tener una mejor oportunidad de ganar este escaño en una elección especial que hace tres años, cuando López ganó su elección a la Legislatura de Florida. Aunque no rompería la supermayoría republicana en la Cámara de Representantes de Florida, los demócratas del estado están ansiosos por lograr victorias en elecciones especiales para tratar de generar impulso de cara a las elecciones generales de noviembre.
Otra candidata demócrata, Gloria Romero Roses, señaló la victoria por 19 puntos de Higgins en la carrera por la alcaldía la semana pasada como inspiración para el tipo de candidato que puede ganar en el distrito, que incluye Brickell, Key Biscayne y partes de Little Havana y Coconut Grove. Romero Roses afirmó que su campaña girará en torno a la asequibilidad y que su mayor preocupación es la falta de representación para el distrito, el cual, según datos electorales, tiene más votantes independientes que republicanos o demócratas.
Según las reglas estatales, una elección no es posible antes de que comience la sesión legislativa regular el 13 de enero. No obstante, los candidatos señalaron que la Cámara de Representantes de Florida podría extender su sesión más allá de los típicos 60 días, o celebrar una sesión especial sobre redistribución de distritos en la primavera, lo que podría tener un impacto significativo en el Sur de Florida.
Mientras tanto, la senadora estatal Tina Polsky, demócrata, presentó recientemente un proyecto de ley que busca obligar al gobernador de Florida a programar una elección especial en un plazo de 14 días después de que el escaño quede vacante.
En elecciones especiales recientes, DeSantis no convocó un comicio hasta después de que se presentara una demanda. La demanda más reciente, presentada por la ACLU en septiembre, acusa al gobernador de violar sus deberes legales.
«El gobernador DeSantis ha optado con mayor frecuencia por desviarse de la práctica prolongada de Florida de elecciones especiales oportunas, en violación de su deber estatutario obligatorio», afirma la demanda de la ACLU.
Actualmente, la ley de Florida no especifica qué tan rápido debe el gobernador convocar una elección especial; simplemente exige un período de calificación de candidatos de al menos 14 días y al menos dos semanas entre las primarias y las elecciones generales. Esta ambigüedad es la que permite el actual retraso, dejando a miles de ciudadanos en el limbo político.
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