La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida, Merritt McAlister, defendió con firmeza su decisión de contratar al Fiscal General del estado, James Uthmeier, como profesor adjunto, durante una tensa reunión privada con el claustro docente este martes. La medida, que ha generado críticas bipartidistas, otorga a Uthmeier un contrato de $100,000 anuales por un trabajo a tiempo parcial.
La compensación de Uthmeier lo convierte en el instructor adjunto mejor pagado en la Facultad de Derecho de UF en al menos un cuarto de siglo. Su salario es aproximadamente ocho veces mayor que la mediana de los profesores adjuntos en la institución. Combinado con su sueldo como Fiscal General, su compensación total financiada por el estado asciende a $240,000 anuales.
En la reunión, McAlister reconoció que la cifra es «un número grande» y el tema que más ha llamado la atención. Aunque asumió la responsabilidad por algunos errores en el proceso, justificó el pago argumentando que Uthmeier aporta un valor «significativo por encima y más allá de lo que un adjunto ordinario proporciona», actuando como un «conector» político y facilitando oportunidades laborales para los estudiantes.
La decana vinculó la contratación con su misión más amplia de «proteger y preservar» la independencia académica de la facultad. En sus declaraciones, hizo un claro guiño al contexto político actual, marcado por los esfuerzos de figuras como Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis por reconfigurar los campus universitarios.
«Tengo líneas rojas en mi mente sobre cuáles son esos límites… Desde mi perspectiva, esto fue consistente con nuestras obligaciones generales», afirmó McAlister, según una grabación de la reunión. También destacó que la decisión buscaba aumentar la diversidad intelectual y conectar la facultad con el gobierno estatal.
Durante la sesión, varios profesores cuestionaron si se siguieron los protocolos de contratación y aprobación curricular. McAlister admitió «alguna irregularidad con respecto al Comité de Currículo» y declaró: «Eso fue un error de nuestra parte».
Además, la decana reconoció que la facultad no promovió públicamente la contratación de Uthmeier hasta cinco meses después de su fecha de inicio, justo cuando medios comenzaron a preguntar al respecto. «Debería haberlo anunciado de una manera más sólida al principio», confesó.
Ante la pregunta de un profesor sobre si ofrecería el mismo puesto a un demócrata como Pete Buttigieg, McAlister respondió con un «Absolutamente». Subrayó el principio de «neutralidad institucional» y de contratar «sin tener en cuenta el punto de vista», señalando que haría lo mismo si la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, fuera la Fiscal General.
«Reconozco que no todos van a estar de acuerdo con las decisiones que he tomado como decana de varias maneras, y eso está totalmente bien», concluyó Merritt McAlister. «Espero que al menos quede claro que mi objetivo, ante todo, es proteger y preservar la facultad de derecho.»
La oficina del Fiscal General Uthmeier no respondió a las declaraciones de la decana. Anteriormente, Uthmeier había defendido su compensación, señalando que aceptó un recorte salarial de aproximadamente $60,000 cuando DeSantis lo designó para su cargo actual.
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