El Comité de Ética de la Cámara de Representantes declaró que 25 cargos de mala conducta contra la congresista por el condado del Sur de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, han sido «probados por evidencia clara y convincente». Este fallo se produjo tras una votación a puerta cerrada en las primeras horas de la mañana del viernes y una rara audiencia televisada la noche del jueves.
El personal del comité había acusado originalmente a la legisladora demócrata de 27 cargos. La mayoría de las acusaciones estaban relacionadas con millones de dólares pagados a la empresa de atención médica de su familia a través de contratos estatales por la COVID-19, fondos que luego llegaron a las arcas de su campaña durante las elecciones especiales de 2021.
«Su abogado argumentó el jueves que todos esos fondos eran legítimamente suyos y que ella utilizó el derecho que tiene cualquier miembro del Congreso de usar una cantidad ilimitada de su propio dinero para intentar ser electa», sin embargo, el Comité de Ética de la Cámara no estuvo de acuerdo.
El comité también encontró como «probadas» las alegaciones de repetidas violaciones a las leyes de financiamiento de campaña y de otorgar favores especiales en conexión con la asignación de fondos del Congreso para proyectos locales.
Se presentaron acusaciones adicionales de que aceptó donaciones corporativas impropias de una empresa petrolera con base en Florida llamada PetroGaz-Haiti para financiar su campaña de reelección de 2022.
El comité la halló culpable de aceptar «fondos conducto» de esa compañía al canalizar indebidamente donaciones corporativas a su campaña a través de entidades separadas, pero se detuvo antes de coincidir con el personal del comité en que estas acciones constituían «lavado de dinero».
El supuesto lavado de dinero de los fondos de PetroGaz-Haiti fue uno de los únicos dos cargos que el comité no consideró probados. El segundo fue una acusación de falta de franqueza durante la investigación del Comité de Ética.
El Comité de Ética celebrará ahora una reunión para discutir las posibles consecuencias, y el asunto podría someterse a una votación de la Cámara en pleno para su censura o expulsión.
«Poco después de que la Cámara regrese del receso de abril, el Comité completo celebrará una audiencia para determinar qué sanción, si alguna, sería apropiada recomendar», dijo la declaración del Comité de Ética del viernes.
La congresista demócrata también enfrenta cargos criminales que alegan que robó fondos de ayuda para la COVID-19 después de que el estado cometiera un error de sobrepago de $5 millones a la empresa de atención médica de su familia. Tanto el Departamento de Justicia como el Comité de Ética de la Cámara la han acusado de desviar parte de ese dinero a su campaña. Ella se ha declarado inocente.
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