El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, está liderando la defensa de Miami Dade College en una apelación ante un tribunal superior, luego de que un juez bloqueara temporalmente la donación de terrenos para la Biblioteca Presidencial de Donald Trump. Este caso podría tener implicaciones profundas para la transparencia gubernamental en el estado.
La demanda, presentada por el historiador Marvin Dunn, alega que el colegio no proporcionó «aviso razonable» bajo la ley de Florida sobre su reunión especial del 23 de septiembre, donde se decidió donar la propiedad al estado sin costo. Una semana después, una junta estatal que incluye a Uthmeier votó para ceder el terreno a la fundación de la biblioteca de Trump.
Expertos en gobierno abierto advierten que si Uthmeier tiene éxito en la apelación, podría establecer un precedente legal que debilite el acceso público a la información sobre reuniones gubernamentales. David Cuillier, director del Freedom of Information Project, afirmó: «Si el Fiscal General se sale con la suya, entonces animará a cada agencia gubernamental en Florida a ser vaga, secreta y ofuscar asuntos importantes».
«Esto tiene enormes ramificaciones para la capacidad de las personas de saber lo que su gobierno está haciendo», añadió Cuillier.
Barbara Petersen, directora del Florida Center for Government Accountability, señaló que el rol de Uthmeier en la defensa del colegio marca una desviación aguda del papel tradicional de los fiscales generales en disputas de gobierno abierto. Históricamente, la oficina ha defendido la Ley Sunshine, pero Petersen expresó: «Aquí tenemos al hombre que se supone debe defender nuestra ley trabajando para reducir ese derecho de acceso».
El juez Mavel Ruiz emitió una medida cautelar temporal el mes pasado, bloqueando la transferencia del terreno. En su escrito, Ruiz destacó: «Existe una probabilidad sustancial de éxito en los méritos… La requirement de reuniones abiertas de cuerpos gubernamentales es un principio fundamental de Florida».
Uthmeier ha calificado la demanda de Dunn como «una demanda falsa», mientras que los abogados de Continental PLCC argumentaron que un fallo a favor de Dunn crearía nueva jurisprudencia al imponer provisiones más amplias para la divulgación pública.
Una encuesta realizada por Bendixen & Amandi International encontró que la mayoría de los votantes de Miami-Dade preferirían que el colegio mantuviera la tierra en su posesión. Con la apelación en marcha, los defensores del gobierno abierto temen efectos de ondulación en la secrecía gubernamental en todo el estado.
Este caso no solo involucra figuras políticas prominentes, sino que pone en riesgo los derechos básicos de los ciudadanos a estar informados sobre las decisiones que afectan sus comunidades.
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