Por segundo año consecutivo, una iniciativa legislativa diseñada para reducir el creciente costo de la electricidad para los residentes de Florida ha sido frenada por la influencia de la industria de servicios públicos, según denuncia su propio patrocinador.
El Senador estatal Don Gaetz, un poderoso republicano y ex presidente del Senado estatal, señaló que su influencia no es rival para el peso de la industria, en particular de la mayor utility del estado: Florida Power & Light (FP&L).
“FP&L estuvo muy activa”, declaró Gaetz. “El proyecto de ley fue sofocado en su cuna legislativa”.
El Senate Bill 126 buscaba introducir cambios significativos en la regulación de las tarifas eléctricas:
El proyecto solo logró pasar uno de los tres comités legislativos asignados. Aunque en la audiencia de diciembre nadie de las compañías eléctricas habló en contra públicamente, Gaetz afirmó que FP&L ejerció su músculo político tras bambalinas.
Registros estatales muestran que la compañía inscribió a seis personas para hacer lobby en la versión de la Cámara del proyecto de ley. “Solo tenían que indicar que FP&L se oponía al proyecto y, dado el poder de FP&L en la Legislatura de Florida, creo que eso fue suficiente”, explicó Gaetz.
Un portavoz de Florida Power & Light declinó comentar al respecto.
La influencia de la empresa y su matriz, NextEra, se extiende a través de donaciones políticas masivas. Desde enero de 2017, la utility ha contribuido con más de $33 millones a políticos a nivel estatal. Además, NextEra escribió un cheque de $500,000 para el congresista Byron Donalds, quien encabeza las encuestas para ser el próximo gobernador de Florida.
A finales del año pasado, los reguladores estatales –todos designados por el gobernador– aprobaron un aumento de tarifas para los clientes de FP&L que ascenderá a casi $7 mil millones en cuatro años. Este acuerdo, negociado a puerta cerrada con grupos de intereses comerciales, le otorgó a FP&L la tasa de ganancia para accionistas más alta en los 48 estados contiguos.
Walt Trierweiler, el consejero público designado para representar a los consumidores, luchó vehementemente contra el acuerdo, calificando el margen de ganancia como “inconcebible” y acusando a FP&L de cobrar doble a los clientes para aumentar sus ganancias. La batalla legal por este caso probablemente termine en la Corte Suprema de Florida.
Parte del Senate Bill 126 se inspiró en este caso para intentar evitar que situaciones similares se repitan. Por ejemplo, el proyecto habría requerido que los acuerdos para aumentos de tarifas se negociaran “de buena fe” con el consejero público antes de que los reguladores pudieran votar para aprobarlos.
Además de los seis lobbistas de FP&L, se registraron 15 lobbistas para Tampa Electric Co. en relación con este proyecto de ley. Sin embargo, tanto Gaetz como el patrocinador en la Cámara, el Representante Alex Andrade, dijeron no haber recibido mucha presión de esa compañía.
Cherie Jacobs, portavoz de Tampa Electric, afirmó que sus lobbistas se registran regularmente en proyectos que afectan a la industria, y que eso “no necesariamente indica apoyo u oposición”.
La lucha por una electricidad más asequible en Florida parece chocar, una vez más, contra un muro de influencia política y económica difícil de superar.
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