En una presentación judicial este martes ante la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito, el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, y abogados contratados por el estado reconocieron que el reembolso federal prometido de $608 millones para la detención de inmigrantes en instalaciones como Alligator Alcatraz en los Everglades podría no materializarse nunca.
“El Estado asumió el riesgo (y aún lo asume) de que la financiación federal no se materialice”, escribieron Uthmeier y los abogados corporativos en su comunicación al tribunal. El estado, en nombre del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, señaló que los fondos prometidos siguen siendo solo ‘probables’ y que no hay evidencia de “ningún derecho legal, exigible que el Estado tuviera sobre los fondos ‘prometidos’”.
A principios de mes, el director de Manejo de Emergencias, Kevin Guthrie, dijo a los legisladores que el Departamento de Justicia estaba bloqueando los fondos: “No sé por qué lo están reteniendo”, declaró Guthrie. En otra presentación del martes, abogados del Departamento de Justicia argumentaron que “la toma de decisiones de financiamiento sigue en curso y aún no se ha ‘consumado’ — no es una acción final de la agencia”.
Los abogados del gobierno federal también revelaron los extensos límites de un potencial reembolso al estado, si es que alguna vez llega. “Como probablemente se estructurará, no habrá financiamiento federal potencial para el diseño, ubicación, mantenimiento o construcción de la instalación, y ninguna autoridad de aprobación federal sobre si la instalación se construye en absoluto”, escribieron los abogados del Departamento de Seguridad Nacional.
Las presentaciones del martes por parte de abogados estatales y federales solicitaron a la corte de apelaciones que revierta una decisión de un tribunal de distrito en un caso presentado por Friends of the Everglades y la tribu Miccosukee. En junio, cuando la instalación se erigió apresuradamente en la pista del aeropuerto Dade-Collier Training and Transition, grupos ambientalistas demandaron a los gobiernos federal y estatal, argumentando que habían evitado la ley federal que requiere una evaluación de impacto ambiental y que la instalación, la primera en su tipo, estaba causando “daño irreparable” al medio ambiente.
Un juez de distrito estuvo de acuerdo con los grupos ambientalistas, ordenando el cierre del sitio en 60 días y prohibiendo que nuevos detenidos sean retenidos en la instalación de los Everglades. La administración de Ron DeSantis ha mantenido que el estado no está sujeto a esas regulaciones federales porque no ha recibido ningún reembolso federal, solo promesas.
Esta admisión ocurre mientras la Legislatura de Florida debate si poner límites más estrictos al uso que hace el gobernador Ron DeSantis de un fondo de emergencia que él dirige para la ejecución migratoria. La agencia ha usado el fondo para comprometer al menos $380 millones a través de 83 contratos con proveedores privados. Los contratos más grandes incluyen:
La oficina del gobernador también usó ese fondo de emergencia para pagar $1.1 millones a la firma de abogados corporativos Boies Schiller Flexner LLP, la misma que ayudó a redactar la presentación del martes reconociendo que el estado podría tener que asumir los costos.
El gobierno federal, sin embargo, dejó la puerta abierta en su presentación del martes a que podría reembolsar al estado por parte de los millones que ha gastado en detención migratoria, sin atarlo específicamente a Alligator Alcatraz. “Aunque Florida puede ser el ‘único solicitante elegible’, eso no significa que esta instalación sea la única instalación elegible”, escribieron los abogados del gobierno.
La posibilidad de que los contribuyentes de Florida terminen cubriendo la factura de más de medio billón de dólares para el centro de detención temporal se cierne como la última vuelta en un prolongado forcejeo entre el estado y el gobierno federal, con profundas implicaciones financieras y ambientales para la región.
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