La administración DeSantis enfrenta una nueva controversia en el centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida. Tras gastar cientos de millones de dólares en su construcción y operación, el estado ahora argumenta que cumplir con una orden judicial para instalar más teléfonos para que los detenidos puedan realizar llamadas legales resultaría demasiado costoso para los contribuyentes.
En una moción presentada esta semana ante un tribunal federal, los abogados de la División de Manejo de Emergencias de Florida detallaron que la expansión ordenada por la jueza Sheri Polster Chappell requeriría la compra de aproximadamente 77 teléfonos celulares y tomaría 60 horas de instalación. El costo total para los contribuyentes sería de $180,025 más un mantenimiento adicional de $6,283. Irónicamente, esta cifra es menor a un tercio de lo que el estado ha pagado a un bufete privado para litigar en contra de la ampliación del acceso telefónico, según registros de gastos estatales.
Los abogados del estado solicitaron a la jueza que detuviera su orden, argumentando que Florida no ha recibido ningún reembolso del gobierno federal y que, incluso si lo recibiera, podría no cubrir el costo de los teléfonos adicionales. “Estas acciones obligatorias costarán dinero al estado, tanto en la compra de nuevos artículos y reemplazo de materiales, como en el tiempo del personal”, escribieron los litigantes.
El costo de los teléfonos representa una pequeña fracción de los 500 millones de dólares que el estado ha destinado a la aplicación de leyes migratorias utilizando el fondo de emergencia del gobernador. Florida ha solicitado una subvención federal de $608 millones para cubrir los fondos estatales utilizados en la construcción y operación de la instalación, pero ese dinero aún no se ha materializado.
El centro de detención, conocido extraoficialmente como Alligator Alcatraz, está en el centro de dos demandas federales. En el primer caso, exdetenidos acusan a funcionarios estatales y federales de violar su Primera Enmienda al restringir el acceso a teléfonos para comunicarse con sus abogados. En el segundo, grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee alegan que el gobierno violó las leyes federales de revisión ambiental para construir la instalación.
Esta semana, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito revocó un fallo de un tribunal inferior en el caso ambiental. Ese fallo había ordenado temporalmente el cierre del sitio y prohibido la detención de nuevas personas, pero fue suspendido el otoño pasado y formalmente anulado ahora. Los jueces de apelación señalaron que el campamento de detención en carpas fue construido a expensas del estado y, hasta que los funcionarios federales acordaran cubrir una parte significativa de los costos, permanecía bajo control estatal. El fallo establece que “hasta que los funcionarios de Seguridad Nacional decidan financiar la instalación”, no puede estar sujeto a las reglas federales.
El sitio fue erigido apresuradamente mediante contratos sin licitación, transformando 6,000 acres del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en un centro de detención temporal con carpas. Los funcionarios federales habían estimado un costo anual de $450 millones, pero registros obtenidos por grupos ambientalistas mostraron que el estado planeaba gastar más de $1,000 millones de dólares de los contribuyentes. Esa cifra se revisó posteriormente a $608 millones cuando el gobierno federal prometió a la administración DeSantis el monto completo del programa de subvenciones para detención estatal del Departamento de Seguridad Nacional.
Sin embargo, la solicitud de reembolso del estado ha sido pausada varias veces debido a errores. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) también cambió su postura, indicando que no daría un cheque en blanco a Florida, sino que reembolsaría los costos desglosados por detenido, excluyendo cualquier fondo que el estado haya gastado en construcción.
La Legislatura de Florida aprobó este año nuevos límites al fondo de emergencia del gobernador, creado originalmente en 2022. Ahora, la oficina del gobernador debe buscar la aprobación de un comité legislativo para gastar dinero de ese fondo en cualquier emergencia que se extienda más allá de sesenta días. Según la ley estatal, el gobernador solo puede declarar un estado de emergencia por dos meses a la vez. DeSantis ha extendido la emergencia migratoria de 2023 —que le da acceso al fondo de dinero estatal utilizado en Alligator Alcatraz— en 21 ocasiones.
Esta situación refleja el complejo entramado de costos legales y de infraestructura que rodea a Alligator Alcatraz, donde el estado invierte millones mientras espera un reembolso federal que aún no llega, y donde cada orden judicial se traduce en nuevos gastos que los contribuyentes deben asumir.
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