Este martes, líderes del sur de Florida instaron a la administración Trump a extender las protecciones migratorias para haitianos, advirtiendo que la pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS) sería devastadora no solo para las familias afectadas, sino para las comunidades donde viven y trabajan.
El llamado urgente se produce a días de que la designación del TPS para Haití expire el 3 de febrero. Sin una orden judicial o una reversión por parte del presidente Donald Trump, más de 350,000 haitianos a nivel nacional quedarían vulnerables a detención y deportación a un país abrumado por la violencia pandillera, inestabilidad política y una de las peores crisis humanitarias del mundo.
En el sur de Florida, donde unos 100,000 residentes haitianos se benefician de este estatus, la ansiedad es profunda. Según la American Business Immigration Coalition Action, la Arquidiócesis de Miami y funcionarios electos, estos contribuyen significativamente a la economía local.
En una conferencia de prensa en la Arquidiócesis de Miami en Miami Shores, el arzobispo Thomas Wenski declaró:
“No debemos forzar a los haitianos a regresar a una crisis, de vuelta a Haití, ni deberíamos crear otra crisis aquí, porque los estamos forzando a salir de sus trabajos”.
Wenski enfatizó que estos inmigrantes “trabajan legalmente, tienen documentos, no violan ninguna ley”.
Randolph McGrorty, director de Servicios Legales Católicos para la arquidiócesis, describió la posible pérdida del estatus como “un desastre, diferente a cualquier huracán. Sabemos exactamente cuándo llegará, dónde golpeará y quiénes serán afectados. Y a diferencia de otros huracanes, esto puede evitarse porque es hecho por el hombre”.
Muchos titulares de TPS trabajan en servicios críticos de salud y cuidado de ancianos. Solo Catholic Health Services emplea a 44 haitianos con TPS. El estatus les ha permitido vivir y trabajar en EE.UU. desde que Haití fue devastado por un terremoto en 2010.
El Dr. Brian Kriedrowski, director médico de Catholic Health Services, afirmó:
“Estos hombres y mujeres no son solo nuestros empleados. Con los años, se han convertido en socios en nuestra misión y en nuestra familia”.
Según Luis Zaldivar, director de proyecto del consejo empresarial, los haitianos con TPS forman parte de un grupo de inmigrantes que pagan $4.6 mil millones anuales en impuestos y $690 millones cada año al Seguro Social.
La alcaldesa de Miami-Dade, Danielle Levine Cava, y la congresista Frederica Wilson de Miami Gardens pidieron a la administración revertir su decisión, citando la crisis de seguridad y inestabilidad en Haití. Wilson describió la situación como un “desastre humanitario más allá de lo creíble”, con “guerra abierta, violación y violencia”.
La semana pasada, miembros de los caucus Negro y de Haití en el Congreso dijeron que persiguen una petición para forzar una votación en la Cámara para proteger a los haitianos de perder el TPS.
El arzobispo Wenski afirmó que aún hay tiempo para que la administración extienda el TPS antes del plazo del 3 de febrero:
“Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Esto es lo correcto”.
La comunidad haitiana en Florida, representada por líderes religiosos, empresariales y políticos, espera una decisión compasiva que evite una crisis humanitaria y económica en ambos lados del Caribe.
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