En un contundente revés a la administración Trump, un juez federal en Washington bloqueó el lunes por la noche la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos, protegiendo a más de 300,000 inmigrantes, muchos en el sur de Florida, de la deportación.
La jueza Ana C. Reyes, designada por Biden, emitió un fallo de 83 páginas donde señaló que los haitianos enfrentarían daño irreparable si son enviados de vuelta a Haití, un país que el propio Departamento de Estado describe como plagado de «pandillas terroristas criminales» y con una advertencia de «No Viajar» para ciudadanos estadounidenses. Su decisión significa que, por ahora, los beneficiarios haitianos de TPS mantendrán protección contra deportaciones y autorizaciones de trabajo válidas.
Reyes dirigió sus críticas más duras a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien acusó de prejuicio hacia los haitianos y de no basar su decisión en la ley. La jueza destacó que Noem se refirió a Haití como «uno de esos (sus palabras) ‘malditos’ países» e ignoró el requisito del Congreso de revisar las condiciones en Haití consultando con agencias apropiadas.
Además, Reyes señaló que Noem ignoró los miles de millones de dólares que los titulares de TPS haitianos contribuyen a la economía: $5.2 mil millones en impuestos anuales.
“Secretary Noem complains of strains unlawful immigrants place on our immigration-enforcement system. Her answer? Turn 352,959 lawful immigrants into unlawful immigrants overnight,” dijo Reyes en su fallo.
La demanda fue presentada por cinco titulares de TPS haitianos: un neurocientífico, un ingeniero de software, un asistente de laboratorio, un estudiante de economía y una enfermera registrada. Argumentaron que Noem predeterminó su decisión debido a hostilidad hacia inmigrantes no blancos, basándose en raza más que en nacionalidad.
Reyes notó que Noem ha terminado la designación de TPS para los doce países que han llegado a su escritorio: «doce países arriba, doce países abajo».
Haití sigue en crisis tras el terremoto de 2010 y el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Las pandillas armadas han causado miles de muertes y desplazado a más de 1.4 millones de personas. En South Florida, donde más de 150,000 haitianos tienen TPS, líderes empresariales han expresado preocupación por el impacto económico de perder trabajadores.
Abogados de inmigración como Ira Kurzban elogiaron la decisión, diciendo que el tribunal encontró discriminación racial por parte de la administración Trump. Se espera que la administración, que ha cancelado el TPS para otros doce países, apele la decisión a la Corte Suprema.
Todd Schulte, presidente del grupo de defensa FWD.us, dijo que el fallo «proporciona un alivio temporal muy necesario» para los beneficiarios y sus comunidades.
La imagen refleja la lucha por los derechos de los inmigrantes y la importancia de la unidad familiar en el contexto del TPS.
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