La administración Trump anunció este miércoles que cientos de miles de venezolanos living en Estados Unidos perderán sus protecciones contra la deportación y permisos de trabajo bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) la próxima semana.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que, tras una revisión de las condiciones en Venezuela en colaboración con el Departamento de Estado, la secretaria Kristi Noem determinó que la designación de TPS para Venezuela en 2021 era «contraria al interés nacional». Un portavoz de la agencia afirmó que mantener o expandir el TPS para nacionales venezolanos «socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración efectivamente».
Esta decisión deja a aproximadamente 257,000 venezolanos, incluidos muchos en el sur de Florida, vulnerables a la deportación a un país sumido en una crisis profunda bajo el gobierno represivo de Nicolás Maduro. El sur de Florida, corazón de la comunidad venezolana en EE. UU., se verá heavily afectado.
«Los venezolanos bajo TPS no son una carga—son una comunidad resiliente que aporta valor, esperanza e integridad a esta nación. Ignorar su realidad sería un fracaso en uphold los principios fundamentales de compasión y justicia», dijo Helene Villalonga, activista venezolana y presidenta de la Multicultural Association of Activists for Voice and Expression.
Evidencia sustancial sugiere que muchos titulares de TPS enfrentarían severas consecuencias si son repatriados, including imprisonment, tortura o muerte. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, destacó que la represión y persecución política se han intensificado tras las elecciones del 28 de julio de 2024, con al menos 890 prisioneros políticos y 66 personas desaparecidas.
La designación de TPS de 2021 está programada para expirar el 10 de septiembre. Sin embargo, enfrenta desafíos en los tribunales federales. La semana pasada, un tribunal de apelaciones en San Francisco afirmó por unanimidad la decisión del juez Edward Chen de mantener el TPS durante la litigación, ruling que debería extenderse hasta octubre de 2026 debido a que las condiciones en Venezuela no han mejorado.
Además, la administración Trump terminó en febrero otra designación de TPS de 2023 para unos 350,000 beneficiarios, argumentando mejoras en la economía y seguridad, lo que ha generado batallas legales intensas.
Irónicamente, el Departamento de Estado ha advertido a ciudadanos estadounidenses evitar viajar a Venezuela bajo cualquier circunstancia debido a riesgos de detención arbitraria, tortura y crimen. Además, la administración Trump ha terminado programas de parole y ha enviado a venezolanos acusados de ser pandilleros a prisiones en El Salvador.
«En medio de esta situación política y militar entre EE. UU. y Venezuela, enviar venezolanos de regreso, donde sus vidas están en riesgo, es básicamente exponerlos a una sentencia de muerte», dijo José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Exiliados Políticamente Perseguidos con sede en Miami.
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