Ana Caridad Linares, de 45 años y residente de Coral Gables, no es abogada ni trabaja para un abogado. Nunca ha sido empleada del Gobierno de Estados Unidos, ni ha sido oficial de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, la Fiscalía Federal sostiene que en cuatro ocasiones durante 2024 se hizo pasar por una Legal Administrative Specialist de ICE para intentar detener procedimientos de deportación de personas no ciudadanas, cobrando cientos de dólares por sus servicios.
Los fiscales explicaron que ese puesto es un empleado de ICE que brinda asistencia administrativa a los abogados del Gobierno y no tiene autoridad para detener procedimientos de deportación ni tomar otras acciones legales.
Según la declaración de hechos presentada junto con su acuerdo de culpabilidad, Linares admitió que el 26 de enero de 2024 presentó un documento ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración en el que afirmaba ser una oficial de ICE y solicitaba la desestimación de un proceso migratorio para una persona identificada con las iniciales “R.N.C.”.
El 7 de febrero de 2024, el juez de inmigración negó la moción. En la audiencia, el juez le indicó a R.N.C. que estaba siendo representado por un impostor que se hacía pasar por empleado del Gobierno. R.N.C., quien no tenía estatus migratorio, dijo que había pagado a Linares $150 por una solicitud de asilo. Después de la audiencia, contactó a Linares para contarle lo sucedido y ella le aconsejó contratar a un abogado.
A pesar de que el juez había expuesto el fraude, Linares presentó mociones idénticas para desestimar los procedimientos de deportación de otros tres no ciudadanos en abril y mayo de 2024, “usando el mismo título y la misma redacción”. En el documento se lee: “Linares una vez más tituló las mociones para que parecieran como si fueran las propias mociones del departamento”. También cobró a sus clientes por presentarlas.
Las autoridades migratorias señalaron que solo los abogados de ICE tienen la “discreción procesal” para desestimar casos que no sean considerados una prioridad de cumplimiento. La declaración añade que, al presentar esas mociones, Linares buscó causar, o causó, que los casos migratorios fueran desestimados ilegalmente.
Linares se declaró culpable este verano ante el tribunal federal de Miami de hacerse pasar falsamente por un oficial federal de inmigración. El cargo conlleva una pena máxima de tres años de prisión. Su audiencia de sentencia será el 20 de agosto ante el juez federal Michael Moore. Su abogado, Michael Mirer, la representa en el proceso, y Linares aceptó su responsabilidad, por lo que podría recibir una pena menor.
En un comunicado difundido el lunes, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó:
“Es un fraude contra el tribunal de inmigración y una afrenta al estado de derecho”.
— Jason A. Reding Quiñones, U.S. Attorney
Aunque hacerse pasar por agentes federales es relativamente común en el sur de Florida, este caso resulta inusual porque la falsa funcionaria intentó intervenir directamente en la corte de inmigración. La Oficina del Fiscal Federal prometió perseguir a quienes intenten socavar la integridad del sistema migratorio.
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