Una investigación de dos años del estado de Florida ha revelado un escándalo de corrupción, abuso y presunto tráfico de personas mayores dentro del sistema de protección de adultos en Miami. El caso se centra en Tania Hernandez, una especialista en colocaciones del Departamento de Niños y Familias (DCF), acusada de utilizar su poder para enviar a ancianos vulnerables a hogares con historiales de violaciones y de explotarlos con fines económicos.
El escándalo salió a la luz con el caso de Julia Rabell, una ex cajera de 88 años. Rabell vivía en una casa de huéspedes en Flagami, propiedad de la madre de Tania Hernandez, donde los inquilinos residían en condiciones deplorables. Según testimonios jurados, Rabell fue expulsada de la casa en pleno calor de agosto, vestida solo con su camisón, después de quejarse por la comida y resistirse a pagar sumas en efectivo.
“La echaron. Le cerraron la puerta y la dejaron en el calor con su equipaje”, relató Hilda Horta, amiga de Rabell. “Abandonaron a esta señora mayor. Pudo haber terminado sin hogar, y a ellos no les importó”.
Tania Hernandez, de 64 años, tenía autoridad exclusiva para decidir dónde serían colocados los adultos mayores que el estado consideraba en peligro. En su rol como coordinadora de colocaciones, ignoró las recomendaciones de trabajadores sociales y familias, enviando sistemáticamente a los ancianos a un grupo selecto de hogares de asistencia (ALF) en Hialeah, muchos con historiales de infracciones.
Trabajadores del DCF, incluida la denunciante Frances Shackelford, acusaron a Hernandez de aceptar sobornos de dueños de ALF ansiosos por llenar sus camas con clientes de Medicaid. En una queja al gobernador Ron DeSantis, Shackelford escribió: “Esto ocurre cuando las remociones se convierten en un negocio, cuando las remociones se vuelven rentables”.
La investigadora de Protección para Adultos, Eneida Senrra, testificó que superiores del DCF le dieron a Hernandez “la llave para hacer tráfico humano con nuestros ancianos”.
Cesar Sanchez, de 76 años, fue trasladado sin el conocimiento de su hija desde un hospital a un ALF llamado Troy & Greg. Cuando lo encontraron, estaba “sucio, hambriento y sedado”, vestido con una bata de hospital. Su hija, Cristina Sanchez, declaró que Hernandez nunca la contactó.
Otro caso conmovedor es el de la pareja Carmen del Toro y Ruben Rodriguez, separados por Hernandez a pesar de 50 años juntos. Ruben murió solo en un hogar de ancianos, y Carmen falleció meses después, sin haber podido despedirse adecuadamente de su esposo.
Hernandez fue objeto de cinco investigaciones estatales o locales en seis años, incluidas dos por el Inspector General del DCF. Todas fueron cerradas sin hallazgos de irregularidades. En 2022, el Inspector General concluyó que no había prueba de que Hernandez hubiera malversado su posición o aceptado incentivos financieros. Fue reintegrada a su cargo.
En una entrevista grabada, Hernandez negó todas las acusaciones, afirmando ser víctima de una campaña de difamación. “Nunca recibí nada. Todo lo que hice fue mi trabajo”, dijo. Sus superiores le dieron evaluaciones brillantes y defendieron su integridad.
Algunos dueños de ALF, como Michele Perez de Villa Rosa, respaldaron a Hernandez, diciendo que “es una persona de integridad” y que nunca hubo sobornos.
La investigación reveló que Hernandez rara vez documentaba sus decisiones, comunicándose mediante mensajes de texto desde su teléfono personal, lo que no dejaba rastro público. Un supervisor testificó que una hoja de cálculo destinada a garantizar la equidad en las colocaciones nunca se encontró.
El DCF se ha negado repetidamente a proporcionar datos sobre dónde son colocados los ancianos bajo custodia estatal.
Este escándalo expone graves fallas en la protección de los adultos más vulnerables de Miami-Dade. A pesar de las múltiples investigaciones y denuncias detalladas, Tania Hernandez continúa en su puesto, decidiendo el destino de cientos de ancianos. El caso subraya la urgente necesidad de supervisión independiente, transparencia y reformas profundas en el sistema de cuidado de adultos mayores de Florida.
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