En una decisión de alto impacto, la Justicia federal le ordenó este martes 23 de diciembre al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario, dejando sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La resolución fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.
El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen:
Esta cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva en el proceso.
En sus consideraciones, el juez Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado.
Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos. Además, rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno, sosteniendo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores, sino también en el derecho a enseñar y aprender.
“El eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI”, indicó el fallo.
La resolución también cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior (un decreto).
El fallo aclaró que esta decisión se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
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