El Gobierno nacional evalúa reasignar partidas presupuestarias para destinar al cumplimiento de las leyes de emergencia en Discapacidad y al financiamiento universitario, luego de la derrota legislativa por el capítulo XI del Presupuesto en la Cámara de Diputados y tras un fallo judicial que ordena cumplir con la norma que actualiza el presupuesto de las casas de altos estudios.
La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas para salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno “cree que tiene los números para aprobar” el Presupuesto 2026 en la sesión del viernes próximo en el Senado, y no quiere “cambios” en ese proyecto para que no vuelva a Diputados.
Además, en la Casa Rosada evalúan un decreto para reasignar partidas específicamente para la emergencia en Discapacidad y el financiamiento de universidades, buscando cumplir con las obligaciones legales tras el revés judicial y legislativo.
El fallo judicial y la posible reasignación de partidas marcan un punto de inflexión en la gestión del gasto público en áreas sociales y educativas. La cautelar judicial obliga al Gobierno a destinar recursos inmediatamente a las universidades, mientras que la estrategia legislativa apunta a asegurar el Presupuesto 2026 sin mayores modificaciones.
“La suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución”, señala el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La situación pone en evidencia la tensión entre los poderes del Estado y la urgencia por garantizar fondos para la educación superior y la atención a la discapacidad, en un contexto de ajuste fiscal y negociaciones políticas.
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