Controversia por conflicto de interés en la Unión Obrera Metalúrgica
La dirigente María Soledad Calle, vinculada a La Cámpora y accionista de la firma USEM S.A., quedó en el centro de fuertes cuestionamientos dentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras la firma de un contrato que otorgó a esa empresa la administración del 80% de la cuota sindical, con honorarios estimados en más de $100 millones mensuales.

Detalles del polémico convenio
En febrero de 2023, la UOM firmó un convenio con USEM S.A., una sociedad creada en diciembre de 2022, para gestionar el 80% de los aportes sindicales correspondientes al 2% del salario de unos 200 mil afiliados.
- Comisión: 0,5% mensual sobre lo recaudado.
- Vigencia: Diez años.
- Facultades otorgadas: La empresa puede abrir cuentas bancarias a nombre de seccionales, auditar movimientos y ejecutar pagos en representación del gremio.
- Cláusula de rescisión: La UOM no puede rescindir unilateralmente el convenio, mientras que la firma sí puede hacerlo con 30 días de preaviso.
La superposición de roles de María Soledad Calle
La figura de María Soledad Calle es clave en esta controversia. Según la información, Calle figura como:
- Accionista y directora suplente de USEM S.A.
- Empleada permanente del sindicato UOM.
- Copresidenta para América Latina y el Caribe de IndustriALL Global Union en representación de la UOM.
- Ex concejal en Campana por La Cámpora.
Vínculo personal con la cúpula sindical
El acuerdo fue suscripto por el secretario general del gremio, Abel Furlán, quien ha sido señalado públicamente como pareja de la empresaria. Este dato ha avivado las críticas internas, que se centran en un posible conflicto de interés por el vínculo personal y la superposición de roles entre la dirigente sindical y la empresa beneficiaria del contrato.
El convenio dispuso que los empleados de USEM S.A. deben dedicarse de manera exclusiva a la gestión contable y bancaria derivada de las obligaciones con la UOM.
Contexto de tensiones y silencio oficial
La controversia se produjo en un contexto de tensiones internas en el gremio por el manejo de fondos y la centralización de la administración financiera en la conducción nacional. Hasta el momento, no se registraron desmentidas formales sobre el vínculo contractual ni avances judiciales en relación con las denuncias difundidas en medios nacionales.
La situación pone en evidencia los delicados límites entre la gestión sindical y los intereses privados, generando un debate sobre la transparencia en el uso de los recursos de los trabajadores metalúrgicos.