El búnker del silencio: la expulsión de la prensa y un nuevo giro autoritario de Javier Milei

Bajo la endeble excusa de la seguridad, el oficialismo consumó un hecho histórico y repudiable: vaciar de periodistas la casa de gobierno. Un castigo colectivo que no solo vulnera el derecho a la información de los argentinos, sino que desnuda la verdadera naturaleza de un poder que exige obsecuencia y castiga la disidencia

Nos prometieron libertad, pero nos regalaron cadenas dactilares. En un movimiento sin precedentes en la historia democrática argentina, el gobierno de Javier Milei ha decidido que la Casa Rosada, el edificio de todos los argentinos, es ahora un club privado donde solo entran los aplaudidores. Este 23 de abril de 2026 será recordado como el día en que la «Libertad Avanza» decidió retroceder a la época oscura donde la prensa era vista como el enemigo.

La excusa oficial es tan endeble como su relato de pacificación: un presunto «espionaje ilegal» por parte de periodistas que, munidos de tecnología moderna, simplemente hicieron su trabajo. Mostrar los pasillos por los que transitan nuestros funcionarios no es espionaje; es luz. Pero parece que a esta administración la luz le molesta demasiado. La decisión de borrar las huellas dactilares de unos 60 periodistas acreditados —aquellos que no van a pasear, sino a escrutar, preguntar y contar lo que sucede intramuros— es un cachetazo directo a la Constitución que tanto dicen defender.

Ni en los momentos de mayor tensión con el kirchnerismo, ni con el macrismo, ni siquiera en los días más ásperos de las administraciones anteriores, vimos un cierre total e indiscriminado de la Sala de Periodistas. «Ni Cristina se animó a tanto», como bien señaló una diputada nacional hoy y no se equivoca. Se trata de una medida draconiana que castiga a todos por la supuesta «infracción» de dos. Un castigo colectivo, propio de regímenes autoritarios, que desnuda la verdadera naturaleza de un poder que no tolera la disidencia ni la fiscalización.

Y mientras la Casa Rosada se convierte en un búnker hermético para la prensa local, Milei le tiende la alfombra roja al magnate tecnofascista Peter Thiel. La paradoja es grosera: se alega «seguridad nacional» para echar a los cronistas que informan al pueblo, mientras se abren de par en par las puertas a los intereses extranjeros que vienen a hacer negocios con la información y los datos de ese mismo pueblo.

El presidente, lejos de aportar cordura, aviva las llamas desde su cuenta de X, escupiendo su bilis y tratando a los trabajadores de prensa de «basuras repugnantes» y «delincuentes». ¿Ese es el nivel del debate público que propone el Jefe de Estado? La criminalización del periodismo no es un daño colateral; es el objetivo central de un gobierno que prefiere la comodidad del monólogo en redes sociales a la incomodidad de una pregunta sagaz.

La libertad de prensa no es un capricho corporativo; es el oxígeno de cualquier democracia que se precie de tal. Cuando se corta ese oxígeno, lo que queda es el tufillo del autoritarismo. Al cerrar las puertas de la Rosada, Milei no se protege del «espionaje»; se protege de la verdad. Y un gobierno que le tiene fobia a la verdad, es un gobierno que tiene mucho que ocultar.

Hoy, la libertad en Argentina no avanzó; se quedó afuera, golpeando inútilmente las rejas de Plaza de Mayo.