El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31232, estableciendo un criterio vinculante que reafirma la preeminencia del Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto y administración de la hacienda pública.
En el fallo, el colegiado precisó que los congresistas “no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual o que impacten hacia el futuro”. Además, dispuso que cualquier proyecto de ley que implique un aumento del gasto público deberá ser coordinado con el Poder Ejecutivo, en armonía con el criterio de sostenibilidad fiscal.
El fallo se conoce en medio de alertas por el impacto fiscal de leyes aprobadas por el Congreso. Según el Consejo Fiscal, estas leyes superarían los S/11.400 millones anuales.
De manera excepcional, el TC indicó que las iniciativas parlamentarias que generen gasto podrán tramitarse siempre que exista coordinación con el Ejecutivo, en aplicación del “deber constitucional de cooperación entre poderes” y del respeto a las competencias en materia presupuestaria.
El TC añadió que estas pautas “constituyen una nueva regla respecto de los criterios jurisprudenciales previos”.
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