Juan José Santiváñez, exministro del Interior y funcionario del Despacho Presidencial, presentó una denuncia penal contra periodistas del programa Punto Final. Los acusa de «marcaje y reglaje» para facilitar extorsiones tras un reportaje que documentó sus encuentros con ministros, congresistas y altos mandos policiales.
El jurista Roberto Pereira calificó la denuncia como un intento de «amedrentamiento para intimidar a la prensa», señalando que carece de pruebas contundentes. En entrevista con Punto Final, subrayó que la cobertura periodística está amparada por la libertad de información.
Pereira alertó que la Fiscalía inició una investigación preliminar en menos de 24 horas sin requerir evidencias mínimas, lo que configura un riesgo para la libertad de prensa. El reportaje mostraba a Santiváñez en espacios públicos sin exponer datos privados, sin existir indicios de extorsión.
La presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre el caso, omisión que Pereira criticó como falta de liderazgo. El Colegio de Periodistas del Perú rechazó la denuncia mediante un pronunciamiento oficial, defendiendo el derecho a la información y alertando sobre intentos de presión contra el periodismo independiente.
La denuncia penal es interpretada como un mensaje intimidatorio contra el periodismo de investigación, erosionando la democracia al utilizar el sistema legal como herramienta de persecución política según análisis de expertos.
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