El 2025 se ha convertido en un año de terror para los funcionarios judiciales en Perú. Una alarmante escalada de amenazas, ataques y asesinatos tiene en vilo a fiscales y jueces, quienes enfrentan una persecución sistemática por parte de poderosas organizaciones criminales.
La situación es crítica. En una reciente conferencia de prensa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, reveló que más de 68 fiscales cuentan con resguardo policial por haber sido víctimas de amenazas directas.
“Son más de 68 fiscales los que cuentan con resguardo policial por haber sido víctimas de amenazas”, declaró Gálvez el último viernes 19 de diciembre.
“El riesgo está latente. Me solidarizo con mis colegas, sé lo que se siente recibir ese tipo de mensajes”, sostuvo el fiscal César Changa.
El panorama para los magistrados es aún más desolador. En menos de una semana, entre el 5 y el 10 de octubre, dos jueces de paz fueron asesinados.
La intimidación también ha llegado a otros jueces. Dos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima encontraron sus nombres en una nota extorsiva junto a explosivos, dejada en el frontis del penal Miguel Castro Castro. Otros dos jueces de Puente Piedra – Ventanilla fueron amedrentados en mayo con un video en redes sociales que mostraba armas y aludía a presuntos pagos.
Frente a esta crisis de seguridad, desde las instituciones se buscan respuestas. La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes Quelal, ha presentado una propuesta para crear una Política Integral de Seguridad para funcionarios judiciales. Esta iniciativa surge como reacción directa a la escalada de violencia, que incluye el trágico asesinato de la jueza Belén Chérrer Molina.
La medida busca proteger a quienes defienden la ley y enfrentan diariamente al crimen organizado, en un contexto donde la integridad física de los operadores de justicia está en máxima alerta.
La valentía de fiscales como Margarita Haro, quien afirmó “No voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento”, simboliza la resistencia del sistema. Sin embargo, la pregunta que resuena es: ¿Cómo garantizar que la justicia pueda actuar con libertad y sin miedo? La protección efectiva de estos servidores públicos no es solo una necesidad de seguridad, sino un pilar fundamental para la democracia y el estado de derecho en Perú.
La ciudadanía debe estar informada y apoyar a quienes arriesgan sus vidas por impartir justicia. La lucha contra el crimen organizado empieza por defender a quienes lo combaten desde el frontlines judicial.
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