El gobierno peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, autorizó formalmente el pedido de extradición de Miguel Ángel Miranda Mendoza, exjuez de la Corte del Callao e investigado como presunto integrante de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, desde España.
Mediante la Resolución Suprema N.º 279-2025-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano, el Estado peruano accedió a la solicitud de extradición activa para que Miranda Mendoza sea procesado en el país por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio.
“Acceder a la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano Miguel Ángel Miranda Mendoza para ser extraditado del Reino de España y ser procesado en la República del Perú por la presunta comisión de los delitos…”, señala el documento oficial.
El pedido fue formulado por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria Nacional, dentro de la investigación del caso que involucra a la red de corrupción judicial. La Fiscalía había solicitado, en diciembre de 2024, una pena de cuatro años y siete meses de prisión para Miranda.
Miguel Ángel Miranda figura entre los procesados de la red señalada por manipular procedimientos judiciales en el Callao y por su influencia en la reestructuración del sistema de justicia a nivel nacional. El Ministerio Público investiga a más de 40 personas presuntamente vinculadas a este grupo.
En el año 2019, Miranda fue suspendido de sus funciones tras ser señalado por haber recibido de manera irregular una transferencia de 2 mil soles del entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial le impuso una suspensión de seis meses por infringir el Código de Ética de la Función Pública.
De acuerdo con la acusación fiscal, Miranda Mendoza es considerado integrante de la estructura criminal vinculada al expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, y al exjuez supremo César Hinostroza. El expediente detalla una serie de hechos ilícitos en los que funcionarios, asesores y abogados habrían intervenido en actividades delictivas dentro de ese distrito judicial.
Este paso en el proceso de extradición marca un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial peruano. Se espera que las autoridades españolas procedan con la tramitación correspondiente para la repatriación del exmagistrado.
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