La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de amparo contra el Congreso en el Poder Judicial, buscando anular la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.
La inhabilitación fue aprobada por el Parlamento el 3 de diciembre, con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones.
En su recurso, Espinoza acusa al Legislativo de vulnerar derechos fundamentales garantizados por la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Código Procesal Constitucional.
“Sobre el particular el Congreso de la República, en el proceso parlamentario de la Denuncia Constitucional N° 528, vulneró mi derecho fundamental al debido proceso”, precisa la demanda.
La medida parlamentaria se basó en acusaciones de presunto incumplimiento de la Ley 32130, por una resolución que supuestamente contravenía la devolución de investigaciones preliminares a la Policía Nacional.
Espinoza sostiene que fue un acto arbitrario y político, en medio de tensiones entre fiscales y congresistas, y que la sanción responde a represalias por denuncias constitucionales que ella presentó contra varios legisladores.
El caso evidencia las crecientes tensiones entre el poder legislativo y el Ministerio Público, y ahora queda en manos del Poder Judicial resolver este conflicto constitucional.
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