La Comisión de Justicia del Congreso suspendió temporalmente el debate sobre una iniciativa legislativa que buscaba imponer hasta 8 años de cárcel para magistrados acusados de persecución judicial con fines políticos.
Durante la sesión, varios congresistas alertaron que el texto podría: «criminalizar el ejercicio jurisdiccional y afectar el debido proceso». La falta de consenso obligó a declarar cuarto intermedio en el debate.
En otro hecho relevante, la fiscal Delia Espinoza faltó por segunda vez consecutiva a su citación para analizar la situación en Pataz, generando malestar entre los legisladores.
El proyecto podría reactivarse si se logran acuerdos sobre su viabilidad, mientras expertos jurídicos insisten en que:
«La independencia judicial es pilar fundamental del estado de derecho»
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