El Departamento de Salud y Servicios Humanos eliminó una advertencia histórica que declaraba la violencia armada como «crisis de salud pública», siguiendo una orden ejecutiva de Trump para «proteger los derechos de la Segunda Enmienda».
Emma Brown, directora de Giffords, denunció: «Priorizan ganancias de la industria armamentística sobre la protección infantil». Datos revelan que desde 2020, las armas son la principal causa de muerte en menores estadounidenses.
Organizaciones médicas y grupos de prevención exigen reinstaurar el enfoque de salud pública, recordando que Estados Unidos lidera en tiroteos masivos entre países desarrollados.
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